Un Parlamento Europeo de maioría xenófoba

"Pero, ¿que valor ten o dereito a saír dun país se non existe o dereito a entrar noutro?"

                                        (Lea Ypi: "Libre") 

        O 26 de marzo pasado, por maioría de votos dos seus membros (evidentemente, membros xenófobos cando non nazis) , o Parlamento Europeo votou en favor de que os seus países membros puideran internar aos migrantes no que eles chaman "centros de devolución", situados en países externos á Unión Europea (UE), países aos que se lles reportaría un módico prezo polos seus servizos. Alí poderían ser internados todas aquelas persoas migrantes chegadas á UE por medios considerados "non regulares". Isto quer dicir que refuxiados políticos, persoas que fuxen das guerras, persoas que fuxen da miseria na que as potencias occidentais deixaron aos seus países, etc.; é dicir, persoas que buscan un modo de vida mellor pero non teñen cartos para pagarse unha viaxe en avión e recurren a poñer en perigo a súa vida para poder ter futuro son encerrados neses "centros de devolución" ou "campos de internamento" como os creados pola fascista Meloni en Albania e aos que tumbou a xustiza italiana; lugares aos que non se deixa acceso á prensa non colaboracionista e que non son máis que un remedo dos campos de concentración nazis que, con facilidade, poden converterse en campos de exterminio. Esa norma entra xa en vigor.

        A UE, con esta medida longamente aplaudida pola Presidenta da Comisión Europea Ursula von der Leyen e os seus compinches da dereita xenófoba europea (os mesmos que defenden a capa e espada o xenocidio palestino a cargo do Estado nazi-sionista de Israel) volven unha vez máis a cometer un atentado contra o Dereito Internacional e, no concreto, contra a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e contra os dereitos que asisten ás persoas refuxiadas por diferentes motivos. Teñamos en conta que esta medida é claramente unidireccional, so dirixida aos refuxiados procedentes dos chamados países do Sur, contra as persoas de faciana non branca ou pálida, persoas que proceden con rostro escuro ou negro. A proba é que non houbo ningún obstáculo á dar refuxio, conforma ás leis internacionais e máis, ás persoas procedentes de Ucraína como refuxidos de guerra; ou no pasado ás persoas procedentes da antiga Iugoeslavia que escapaban dunha guerra promocionada por Inglaterra, Alemania e Francia e apoiada pola OTAN.

        A este respecto Imos inserir o comunicado, en español (o orixinal está en inglés) asinado por máis de 200 organizacións defensoras da democracia e os dereitos humanos contra esta disposición da UE e, posteriormente, a ligazón á nova da aprobación publicada nas páxinas de Amnistía Internacional.

15 de septiembre de 2025

Más de 200 organizaciones: se deben rechazar las reglas de deportación inhumana

El 11 de marzo de 2025, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta de Reglamento de retorno para sustituir a la actual Directiva sobre el retorno. Detrás del nombre eufemístico, la propuesta describe medidas coercitivas, traumáticas y de violación de derechos basadas en un imperativo de aumento de las tasas de deportación. En lugar de centrarse en la protección, la vivienda, la salud y la educación, el Reglamento se basa en políticas punitivas, centros de detención, deportación y aplicación. 

El “Regulación de la deportación”, como se llamaría más acertadamente, es parte de un cambio más amplio en la política migratoria de la UE para caracterizar el movimiento humano como una amenaza para justificar las excepciones a las garantías de los derechos fundamentales. Las instituciones de la UE y los Estados miembros han hecho cada vez más de la criminalización, la vigilancia y la discriminación los instrumentos de incumplimiento de la gobernanza de la migración, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la expansión de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados en los derechos.

Nuestras organizaciones son inequívocas: el presente Reglamento debe ser rechazado. Está impulsado por la detención, la deportación, la externalización y el castigo, particularmente de las personas racializadas, y resultará en que más personas sean empujadas al limbo legal y a las condiciones peligrosas. Pedimos a la Comisión Europea que retire la propuesta e insta al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a que la rechacen en su forma actual.

El Reglamento debe ser rechazado por los siguientes motivos:  

1. DEPORTACIONES A PAÍSES SIN VÍNCULOS PREVIOS Y CENTROS DE DEPORTACIÓN OFFSHORE (Arts. 4, 17) 

Esta propuesta, junto con los cambios propuestos en el Reglamento sobre procedimientos de asilo, permitiría, por primera vez, deportar a una persona contra su voluntad a un país no perteneciente a la UE al que no tienen ninguna conexión personal, ya sea a través de la cual sólo han transitado brevemente, o en el que nunca han puesto un pie. 

Enviar a alguien en contra de su voluntad a un país al que no tiene ningún vínculo puede considerarse razonable, justo o sostenible. Tales medidas destrozarían a las familias y comunidades de toda Europa, socavando el tejido de solidaridad en el que la gente confía para vivir con dignidad. La ampliación de las opciones para el “retorno” plantea serias preocupaciones sobre los derechos fundamentales, incluido el riesgo de que las personas queden varadas en terceros países, la seguridad y la dignidad de la eliminación, la sostenibilidad de la inclusión y la reintegración, y el acceso al apoyo, los derechos y los servicios. Estas medidas también se aplican a las familias y los niños, con excepciones limitadas.

El Reglamento propuesto también permite el establecimiento de los llamados “centros de retorno”; muy probablemente se conviertan en centros de detención similares a las prisiones que acogen a los que esperan deportaciones, fuera del territorio de la UE. Se trata de una desviación atroz del derecho internacional y de las normas de derechos humanos. Es probable que estos resulten en una serie de violaciones de los derechos, incluida la detención arbitraria automática, la devolución directa e indirecta (a los centros de retorno o a través de deportaciones posteriores) y la denegación del acceso a las garantías legales y procesales. Al mismo tiempo, reforzarían las prácticas discriminatorias y plantearían problemas sustanciales en la vigilancia de las condiciones de los derechos humanos y la determinación de la responsabilidad jurídica y la jurisdicción. Las disposiciones actuales del Reglamento son, además, alarmantemente vagas y no establecen normas vinculantes, lo que agrava estas preocupaciones. En línea con los intentos pasados de externalizar las responsabilidades de asilo en el extranjero o externalizar, como las de Australia, el Reino Unido o Italia, es probable que tales propuestas sean exorbitantes en costos, conllevan riesgos diplomáticos y de reputación significativos y amplían las brechas y divergencias entre las políticas de asilo y migración de los países de la UE. Desviarían los recursos a los modos punitivos de gobernanza de la migración en lugar de políticas que priorizan la protección, la atención y la seguridad. 

2. NUEVAS OBLIGACIONES SOBRE LOS ESTADOS DE “DETECTAR” Y VIGILAR (Art. 6)  

La propuesta exige que los Estados adopten medidas para detectar a las personas que permanecen irregularmente en su territorio. Más de 80 organizaciones advirtieron que disposiciones similares en el Reglamento de Detección de 2024 resultarían en un aumento de la elaboración de perfiles raciales y un trato discriminatorio. Tales disposiciones allanan el camino para la expansión de las prácticas policiales racistas y las redadas de inmigración que fomentan el temor en las comunidades racializadas y migrantes. Además, las medidas de detección vinculadas a la aplicación de la legislación migratoria crean graves riesgos para los derechos humanos, incluidos los relacionados con el derecho a la salud, los derechos laborales y la dignidad humana, ya que el temor a las autoridades desalienta a las personas indocumentadas de buscar atención médica, denunciar abusos o acceder a la protección. Tales medidas podrían provocar conflictos éticos para los profesionales y socavar la confianza en los servicios públicos. Por último, corren el riesgo de amenazar los derechos de privacidad a través del intercambio inseguro de datos personales confidenciales, incluidos los datos de salud, la violación de las normas de protección de datos de la UE y la erosión de las libertades de la sociedad en su conjunto.

3. MÁS PERSONAS SE METIERON EN LA IRREGULARIDAD Y EL LIMBO LEGAL (Arts. 7, 14) 

La propuesta requiere que los estados emitan órdenes de deportación junto con cualquier decisión que ponga fin a la estancia regular, sin considerar previamente otras opciones de estatus a nivel nacional (como permisos para razones humanitarias, de interés superior del niño, médicos o familiares, así como durante los procedimientos de determinación de la apatridia o en otros casos en que la deportación no sea posible). Combinado con reglas similares en el Pacto sobre Migración y Asilo que vinculan las decisiones negativas de asilo y deportación, esto levantaría más barreras para acceder a los permisos de residencia nacionales. De manera alarmante, incluso prevé emitir órdenes de deportación que enumeran múltiples países potenciales de retorno cuando un país de retorno no puede ser identificado.

La propuesta también debilita las protecciones para aquellos que no pueden ser deportados, a menudo sin culpa propia. Aunque permite el aplazamiento de la “extirpación” en los casos en que existe un riesgo de devolución, elimina el requisito actual de identificar y evaluar otras circunstancias individuales, ignorando que en muchos casos el “retorno” puede no ser apropiado o incluso posible, como si una persona está apátrida, o por otras razones de derechos humanos.

Esto pone de relieve la inconsistencia de una propuesta desarrollada con el objetivo defectuoso de “aumentar las tasas de retorno”, pero que al mismo tiempo infla artificialmente el número de personas que emitieron una orden de deportación. Como resultado, muchas más personas serán empujadas a la irregularidad y al limbo legal, se les negarán los derechos básicos como la atención médica y estarán expuestas a la indigencia, la falta de vivienda, la explotación o la detención prolongada. Estas políticas no solo perjudican a las personas: desestabilizan y crean más miedo e inseguridad, particularmente para las personas migrantes y racializadas, así como para las comunidades más amplias de las que forman parte.

4. EXPANSIÓN SEVERA DE LA DETENCIÓN (Art. 29-35) 

La propuesta promueve el uso sistemático de la detención por parte de los Estados. Se extiende significativamente la duración máxima de la detención, de 18 a 24 meses. Esta extensión es desproporcionada e ineficaz, y solo profundizaría el daño a los derechos, la dignidad y la salud de las personas. También amplía los motivos de la detención, incluidos los criterios que, en efecto, abarcan a la mayoría de las personas que han entrado en Europa de manera irregular o que se encuentran en situación de indocumentación, en contra del principio de proporcionalidad y necesidad. Por ejemplo, la falta de documentos o la falta de vivienda sería motivo suficiente para la detención. La propuesta permite la detención de niños, a pesar de las normas y normas internacionales de derechos humanos que indican que siempre es una violación de los derechos del niño y nunca en el mejor interés de un niño, y el compromiso global de los gobiernos para trabajar para poner fin a la práctica. Otros grupos vulnerables, así como las personas que no pueden ser deportadas, también serían objeto de detención. La propuesta parece permitir la detención indefinida de personas que se considere que plantean “riesgos de seguridad”, por decisión judicial. También permite a los Estados miembros desviarse de las garantías básicas en torno a la detención si los sistemas se enfrentan a una “carga pesada imprevista” vagamente definida. La expansión de la capacidad de detención creará oportunidades lucrativas para los contratistas privados que dirigen los centros de detención, incentivando el crecimiento de una industria de detención a expensas de los derechos y la dignidad de las personas.

Las “alternativas a la detención”, o medidas no privativas de la libertad, propuestas por la Comisión, no servirían a su propósito como alternativas genuinas, y no tendrían que ser consideradas antes de aplicar la detención. Más bien, ahora podrían utilizarse además de la detención y después de que se hayan superado sus límites de tiempo. En conjunto, estos acontecimientos equivalen a una importante expansión de la detención de inmigrantes, por lo que ya ni siquiera sería tratada como una medida de último recurso o se impondría durante el menor tiempo posible, en clara tensión con los requisitos del derecho internacional.

5. MEDIDAS PUNITIVAS Y COERCITIVAS (Art. 10, 12, 13, 16, 22, 29) 

La propuesta introduce requisitos de cooperación extensos, desproporcionados y poco realistas para las personas que emitieron una orden de deportación, como tener que proporcionar documentos de identidad que no puedan poseer, que sus cuerpos y pertenencias sean registrados o que cooperen con terceros países para obtener documentos de viaje. Estos se combinan con sanciones punitivas y fuertes en casos de «incumplimiento», incluidas sanciones financieras, prohibiciones de entrada, restricciones a la salida voluntaria, así como denegación de prestaciones, prestaciones o permisos de trabajo. Sin una manera efectiva de desafiar la determinación de que no están cooperando lo suficiente o para garantizar que las personas no sean penalizadas por circunstancias fuera de su control, como la apatridia, las barreras digitales o de alfabetización, la edad, la salud o el trauma, estas medidas corren el riesgo de aplicarse arbitrariamente y castigar desproporcionadamente a las personas en situaciones socioeconómicas vulnerables. 

La propuesta introduce un nuevo cambio de “partida voluntaria” a “eliminaciones”, haciendo de la deportación la opción por defecto. A pesar de que la noción de voluntarinessvoluntaridad en tales circunstancias sigue siendo cuestionable, la propuesta restringe aún más las opciones y la agencia de la gente. Lo hace introduciendo amplios motivos por los que las “retribuciones” forzadas serían obligatorias y eliminando incluso el período mínimo actual de siete días para la salida voluntaria, o el cumplimiento de una orden de deportación.  

Se prevén excepciones específicas para las personas que “representan una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional”, motivos que están vagamente definidos y pueden aplicarse de manera abusiva. Cualquier caso que represente un riesgo para la seguridad o relativo a una condena penal debe tratarse en el contexto de los procedimientos de justicia penal con las salvaguardias de juicio justo requeridas.

6. EROSIÓN DE LOS DERECHOS DE APELACIÓN (Art. 28) 

En continuidad con la erosión de estos derechos en virtud del Pacto, la propuesta elimina el efecto suspensivo automático de los recursos contra la ejecución de una decisión de deportación. El efecto suspensivo deberá solicitarse junto con el recurso, o concederse de oficio. Esto crea una capa adicional de complejidad para las personas en riesgo de ser deportadas, así como las autoridades judiciales, y elimina una salvaguardia esencial al derecho a un recurso efectivo. Sin un plazo mínimo obligatorio para los recursos (la propuesta especifica únicamente que el plazo no excederá de 14 días), los Estados miembros podrían hacer imposible que las personas impugnen efectivamente las órdenes de deportación en la práctica, contra la jurisprudencia establecida de los tribunales europeos. 

7. VIOLACIONES AMPLIADAS DE LA VIGILANCIA DIGITAL Y DE LA PROTECCIÓN DE DATOS (Arts. 6-9, 23, 38-41) 

La propuesta amplía la vigilancia digital de las personas en los procedimientos de deportación, denunciada por expertos en derechos digitales y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Esto incluye la amplia recopilación y el intercambio de datos personales, incluidos los registros confidenciales de salud y penales, entre los Estados miembros de la UE y con terceros países que pueden carecer de una protección de datos adecuada. También permite el uso de tecnologías de vigilancia intrusiva en los centros de detención, y el uso de “alternativas a la detención” digitales, como el rastreo GPS y la vigilancia de teléfonos móviles, que, si bien supuestamente se considera una alternativa a la detención, siguen siendo altamente intrusivos y pueden equivaler a la detención de facto. Estas tecnologías también crean nuevos mercados rentables para las empresas de vigilancia.

La creación de una «Orden de retorno europea», almacenada en el Sistema de Información de Schengen (SIS), combina aún más la gestión de la migración y la policía, con el intercambio de datos previsto con la aplicación de la ley. Existen patrones documentados de abuso de datos y incumplimiento de las normas legales sobre privacidad y protección de datos personales por parte de las autoridades bajo el SIS, lo que aumenta la probabilidad de violaciones de datos y uso indebido. 

8. FALTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y CONSULTAS  

Al igual que otras propuestas legislativas recientes sobre migración, esta propuesta de la Comisión Europea se emitió sin una evaluación de impacto en los derechos humanos o consultas formales, incluidos los interlocutores sociales, en un ámbito en el que la formulación de políticas basadas en datos empíricos es especialmente crucial. Esto es contrario al Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación y a las propias Directrices de la Comisión sobre la mejora de la legislación cuando una propuesta legislativa tiene un impacto social significativo y en la que existe una elección de opciones políticas. Una evaluación previa del impacto de los derechos fundamentales es esencial para garantizar el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales, la no devolución, la prohibición de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, la libertad personal, los derechos del niño, la reparación efectiva, la vida privada y familiar, la privacidad y la protección de datos, y la no discriminación. 

9. PASE POR ALTERATIVAS AL CONTROL PUNITIVO DE LA MIGRACIÓN  

La propuesta refleja una falsa suposición de que la deportación debería ser la única opción para las personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada o cuyos permisos de residencia han expirado o han sido revocados. Para reducir el número de personas atrapadas en irregularidades, los Estados de la UE deben mantener el acceso a los permisos existentes relacionados con los derechos humanos y ampliar las vías a una amplia gama de permisos de residencia que permitan a las personas planificar sus vidas, participar en el trabajo regular, estudiar y participar plenamente en todas las facetas económicas, sociales y culturales de las sociedades en las que viven. 

Hacemos un llamamiento a la UE para que deje de atender a los sentimientos racistas y xenófobos y a los intereses corporativos y revierta el cambio punitivo y discriminatorio de su política migratoria, y en su lugar dirija los recursos hacia políticas arraigadas en la seguridad, la protección y la inclusión, que fortalezcan las comunidades, defiendan la dignidad y garanticen que todas las personas puedan vivir de manera segura independientemente de su condición.

Las instituciones de la UE y los Estados miembros deben rechazar las medidas de deportación que se basan en un enfoque punitivo y coercitivo, reducir las normas de derechos humanos y afectar desproporcionadamente a las personas racializadas. A la luz de las preocupaciones expuestas anteriormente, pedimos a la Comisión Europea que retire esta propuesta e instamos al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a que rechacen esta propuesta.

La lista completa de firmantes está disponible aquí.

         Ata aquí a declaración das máis de 200 organizacións; agora á ligazón á publicación de Amnistía Internacional:

26 marzo 2026

Also available in English,Français,العربية,Русский

Unión Europea: El Parlamento Europeo da su aprobación a planes de detención y deportación punitivas

     

O Rueda da vergoña, a autonomía secuestrada e a complicidade pasiva cun xenocidio

 

 

        Antes unha aclaración: non pretendo relacionar a Rueda directamente cos criminais internacionais; non teño motivo para facelo. Si o tería, en troques, para relacionar a Núñez Feijóo co narco arousán. Simplemente é que nestes últimos días asistimos, por unha parte, a unha das máis claras mostras de incompetencia do Partido Popular de Galiza para gobernar un país, desde calquera perspectiva e orientación ideolóxica, coa intervención de Alfonso Rueda e do voceiro parlamentario do Partido Popular no pleno do Parlamento de Galiza dedicado a examinar o chamado "estado da autonomía", no que o Presidente da Xunta de Galicia e o voceiro popular amosan unha vez máis a súa carencia de ideas propias para gobernar e a permeabilidade das normas que lexisla aos desexos das empresas que basean a súa actividade na destrución do territorio (eucalipteiras, eléctricas, celulosas, minería contaminante, etc.) e nas ocorrencias da patronal galega para xerar ganancias a conta do benestar da clase obreira. 

        Por outra parte  a persistente negación do Partido Popular de Galicia (e tamén estatal), da Xunta de Galicia e da maioría do Parlamento Galego a condenar as agresións perpetradas polo Estado de Israel contra o dereito internacional pola súa invasión do Líbano e a continuación do xenocidio en Palestina, baixo as ordes desa ratas nazis que son Benjamin Netanyahu e o seu goberno nazi-sionista.  Negativa reiterada mesmo cando sete cidadáns galegos, integrantes da Global Sumud Flotilla de apoio a Palestina, foron secuestrados en augas internacionais, maltratados e levados a Israel polo exércicto nazi-sionista dese país que, unha vez máis, violou as normas do dereito internacional.  

        E todo isto, combinado coas ordes de Trump de acometer unha agresión armada dos Estados Unidos de América contra Iran e a súa poboación civil (e previamente contra Venezuela), rachando toda normativa legal de carácter internacional e cometendo, xunto cos seus almirantes e xenerais, numerosos cimes contra a humanidade polos bombardeos contra a poboación civil. Sendo consciente de que os EUA están presididos por un nazi que padece o que semella ser unha demencia senil con carácter agresivo nun avanzado estado, ou unha tolería megalómana en estado extremo, e considerando que persoalmente Rueda nada teña que ver con Netanyahu ou con Donald Trump, debemos aceptar que o Presidente da Xunta de Galicia (en tanto que membro do Partido Popular e seguidor das súas directrices públicas e ideolóxicas) é cómplice pasivo das políticas de Netanyahu e de Donald Trump en todas as súas correrías delincuentes acontecidas no mundo.

        E dirá vostede: Que ten que ver Rueda con Netanyahu e Donald Trump? A priori, nada; mais debemos ter en conta que o Partido Popular é un fiel súbdito de Donald Trump, un "chico para todo" como o foi Aznar anteriormente, amais de non ter condenado o xenocidio emprendido polo Estado nazi-sionista de Israel (1) contra Gaza e Cisxordania, amais de contra dos habitantes árabes de Xerusalén Leste, e defender con unllas e dentes as agresións israelitas contra a poboación palestina.

Unha "autonomía" autosecuestrada 

        Celebrado na semana pasada no Parlamento de Galiza, o debate sobre o estado da Galiza baixo o goberno do Partido Popular presidido por Alfonso Rueda empezou coa intervención deste último relatando "o ben que nos estaba indo aos galegos e ás galegas, así como ao noso territorio", co seu goberno e estabelecendo cales serían as liñas mestras que no futuro e ate as próximas eleccións autonómicas ía a adoitar ese goberno para, segundo el, que Galiza seguira avanzando como ata agora. E cales foron as súas propostas estrela? Pois realmente a única "medida estrela" nova que propuxo foi a  da creación dun órgano para o control das baixas laborais, dando maiores competencias ás mutuas patronais para decidir sobre elas. É dicir, aumentar o poder dunhas empresas privadas, servidoras dos intereses da patronal, para dar altas que ata o momento moitas delas eran cuestionadas polos médicos da sanidade pública, cualificadas como altas fraudulentas e confirmadas como baixas laborais. É dicir, dar máis poder ás empresas da sanidade privada en substitución da sanidade pública, o que implica un novo paso do goberno do Partido Popular na privatización da sanidade para satisfacer ás empresas que fan da nosa saúde (para eles preferiblemente mala) un negocio: empresas sanitarias privadas, aseguradoras de saúde e industria farmacéutica, fundamentalmente.

        Pero, amais das anunciadas medidas relatadas anteriormente, hai un par de semanas Rueda anuncia a creación do que el chama Mesa del Diálogo Social de Galicia que, segundo a propia definición realizada pola Xunta de Galicia, ben sendo un órganos coas mesmas funcións que o Consello Económico e Social de Galicia (CES) (organismo autónomo contemplado no Estatuto de Autonomía) pero con unha menor representación democrática e, na práctica, controlado totalmente pola administración galega, onde poida esta facer e desfacer ao seu antollo (1). Aparte do empresarios de Galiza, (CEG) forman parte dese "chiringuito" os sindicatos CC.OO. e UGT (o sindicato maioritario de Galiza, a CIG, negouse a participar nel por consideralo organismo inútil, antidemocrático, gobernamental e coma un intento, por parte da Xunta do PP, de suplantación do CES).

 O "absentismo laboral" presuntamente indebido

        Curiosamente, a primeira tarefa que a Xunta de Galiza impuxo ao "chiringuito" mencionado anteriormente foi a "creación do grupo de traballo para a mellora do benestar laboral e a redución do impacto do absentismo". Hai que sinalar que isto provocou a saída de CC.OO. dese "chiringuito" (a ver por canto tempo).

        É curioso o do "benestar laboral" cando nos convenios colectivos en vía de negociación na Galiza o empresariado implicado está a negarse a aceptar temas relacionados coa prevención de riscos laborais, coa conciliación ou coa discriminación salarial e funcional por razón de sexo nas empresas.

        Tamén é curioso que os empresarios se lanzaran de cabeza á piscina diante dun estudo sobre absentismo laboral publicado polas universidades de Vigo e Compostela que pon a súa atención no absentismo causado polas baixas médicas, mais esquecendo que moitas desas baixas son xeradas pola falla de seguridade e hixiene no traballo ou polas listas de espera médicas para poder acceder a unha consulta que verifique o estado da incapacidade temporal do traballador ou traballadora.

        Na mesma dirección de acometida contra o dereito á saúde dos traballadores e traballadoras vai a medida adoitada pola Xunta de Galicia, ao través da Consellería de Sanidade, de incentivar cun complemento aos médicos de familia por limitar o número de incapacidades laborais que prescriban ou poñendo trabas a que estes invaliden as altas dadas por facultativos ao servizo das empresas nas mutuas patronais. Como xa non lles chegaba con tentar que os médicos das mutuas patronais teñan as mesmas atribucións que os do servizo público de saúde para dar altas médicas, agora tentan comprar a vontade dos médicos do sistema público para reafirmar a súa complicidade e supeditación das súas políticas ás esixencias do empresariado.

Notas.-

(1) . Xa antes, mediante a Lei de Acompañamento dos Orzamentos Xerais da Comunidade para 2026, lexislou pola porta de atrás a dependencia do Instituto Galego de Estatística (IGE) da propia presidencia da Xunta de Galicia. O que antes era un organismo autónomo con dinámica propia pasa a ter unha autonomía dependente dos caprichos e desexos do entre político de goberno da Xunta. Non vaia a ser que faga públicos ou acometa estudos que amosen datos e conclusións que para nada favorecen as políticas do Partido Popular na Galiza; e que desmintan toda esa propaganda que se xera pola propia administración ou ao través dos medios afíns e subvencionados, como ten pasado co estudo sobre o uso e coñecemento do idioma galego publicado no pasado outono polo IGE. Iste intento de control político de organismos supostamente autónomos xa ten pasado co organismo hai anos co IGAPE; e parece que vai suceder co Centro Galego de Arte Contemporaneo (CGAC) co cambio de requisitos para acceder á súa dirección.

Esperando á República Usurpada

 

         O 14 de abril de 1931, despois dunhas eleccións xerais no Estado Español, a maioría da cidadanía española pronunciouse contra a monarquía e a favor dunha república popular votando ao Frente Popular. Este era unha coalición de forzas democráticas, fartas de estar gobernadas por monarquías absolutistas corruptas encabezadas pola familia dos Borbón, nese momento encabezada por Alfonso XIII. Esta dinastía, a borbónica, desde o seu iniciador como rei na España Fernándo VII ata ese momento foi un cancro para a poboación española, sobre todo para a máis economicamente pobre; unha dinastía que gobernou para os grandes terratenentes e para a burguesía dos distintos espazos do Estado; unha dinastía que cando as cousas non lle pintaban claras non dubidou en acudir á represión sistemática contra as persoas e organizacións discrepantes para seguir sendo beneficiaria da corrupción e defensora da explotación da clase obreira pola nacente burguesía industrial.

            Por desgraza, esa República foi esmagada por mor dun golpe de Estado militar encabezado por unha serie de xenerais asasinos e apoiado internamente pola burguesía, os terratenentes e a Igrexa Católica; e apoiada externamente polos réximes nazis de Alemaña hitleriana e o réxime fascista italiano de Mussolini, diante da pasividade das chamadas democracias europeas como a francesa ou a inglesa cuxos posicionamentos na práctica non fixeron máis que favorecer ese golpe de Estado. Golpe de Estado seguido por tres anos onde nunha importante parte do territorio do Estado Español librouse unha guerra entre fascismo e democracia, entre o capital e a clase obreira (non entre irmáns, como pretenden moitos facernos crer).

        Cando falo que a guerra desenvolveuse nunha importante parte do Estado, refírome a que houbo grandes zonas (por exemplo, de Andalucía e Galiza) onde a guerra non existiu. Onde o único que aconteceu foi un paso marcial dos sublevados e dos fascistas que foron arrasando con toda persoa que pensara de forma distinta ou non amosara o seu fiel apoio ao golpe de Estado. Zonas onde se ametrallou e bombardeou á poboación civil que fuxía dos lugares de conflicto cara a outros onde non puidera haber enfrontamentos (hoxe, despois da IIª Guerra Mundial, serían considerados crimes de guerra); zonas onde falanxistas, gardas civís e militares golpistas torturaban e asasinaban a sangue fría a que lles petaba ou estaba nas listas que lle tivera facilitado o cura católico de quenda. Toda persoa sospeitosa de ser non adicta ao golpismo franquista era asasinada. Por desgraza, este réxíme de criminais encabezados polo xeneral Francisco Franco Bahamonde durou ata o ano 1977. Un réxime sustentado na represión sistemática e na explotación constante da clase obreira, apoiado pola crecente burguesía española do momento (que se aproveitou utilizando aos presos republicanos -os que non foron asasinados- como man de obra escrava para facer estradas, pantanos ou outras obras das que eran beneficiarias).

            Morto Franco en novembro de 1975, sucedeulle na xefatura do Estado en calidade de ditador Juan Carlos de Borbón, despois de xurar os principios do Estado Fascista do 18 de xullo de 1936, que mantivo esa ditadura perante dous anos; ditadura que tivo que poñer en cuestión debido á mobilización popular que desexaba un Estado democrático e de dereito. Podemos dicir que aquí empezou a chamada "transición española da ditadura á democracia". Non me vou parar no acontecido nin nas traizóns que a cúpula do Partido Comunista de España de Santiago Carrillo e do Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, cos seus pactos coa burguesía e co franquismo, cometeron contra as aspiracións populares. Hai publicacións de sobra que tratan este aspecto. Tampouco vou falar do pacto que supuxo que a monarquía rexeitada polo réxime lexítimo e legalmente constituído da IIª República permanecera e que este non puidera ser restaurado. Nin tampouco da razón de que un ditador, formado na ditadura, fiel partidario do réxime franquista e xurante dos seus principios fora instituído pola porta de atrás, e valéndose das arelas de liberdade do pobo, como xefe de Estado e Rei de España. Tamén hai literatura, boa e suficiente.

Os "50 anos de democracia"

         Este ano, partindo do goberno do Estado, se instituíu o que eles chaman "50 anos de democracia". Non é certo que vaian 50 anos de democracia pois non se pode considerar como democracia os anos que Juan Carlos de Borbón estivo exercendo coma ditador e onde o Estado estivo a ser presidido por Adolfo Suárez, un fascista procedente do Movemento Fascista do 18 de Xullo. Anos onde seguiron sendo asasinados centos de persoas que esixían nas rúas ou de forma pública o fin da ditadura. Anos onde Policía Armada, Guardia Civil, Brigada Político Social, servizos secretos do Estado e dos corpos policiais seguiron colaborando, participando directamente ou encubrindo aos asasinos fascistas culpabeis deses crimes; anos nos que nos cuarteis da Garda Civil, da Policía Armada e nas comisarías seguían a practicarse torturas contra os opositores ao réxime; anos nos que os xuíces exculpaban de forma case sistemática, e a pesares das probas e testemuñas concluíntes, aos poucos culpábeis deses crimes que eran xulgados; onde as escasas condenas ditadas eran incumpridas e soltábase aos condenados aos poucos días ou meses de ser encarcerados. Sobre esta triste etapa da historia española escribiuse por Alfredo Grimaldos e Andreu García Ribera un excelente e moi detallado libro, editado por El Garaje Ediciones, que leva por título La sombra de Franco en la transición (ISBN: 978-84-126213-8-9); por desgraza, un libro non moi publicitado, ou ocultado, polos medios pero moi detallado e cun sistemático resume dos crimes do franquismo ata o ano 1983. Si, non é un erro, ano 1983.

Unha oportunidade perdida

        A oportunidade que se perdeu por mor da complicidade dalgúns políticos trepas (non hai máis que seguir a súa "carreira" posterior para decatarse) co franquismo económico e sociolóxico foi única.

        Hoxe, con toda a propaganda monárquica e coa gran dificultade que a constitución saída do franquismo marca para poder trocar o réxime monárquico fai moi difícil que o réxime republicano lexítimo poida ser asentado no Estado Español.

        Ás dificultades antes sinaladas, hai que engadir a propaganda que as maiorías formantes do goberno que institúe os "50 anos de democracia" realiza. Posiblemente para tapar as miserias nas que Felipe González e Santiago Carrillo, cos seu colegas de direccións do PSOE e PCE incorreron entre 1975 e 1983, e lavar esa fea mancha que afecta aos seus partidos.

            A pesares de todo, hai métodos para acadar unha república; unha república popular que respecte non só os dereitos das persoas, senón que tamén respecte os dereitos das nacións que compoñen o Estado Español. Isto empezou a realizarse durante a IIª República coa promulgación dos Estatutos de Autonomía de Euzkadi, Catalunya e Galiza mais os criminais non permitiron que estes estatutos foran desenvolvidos e perfeccionados.

            República Federal? República Confederal? Federación de Repúblicas? Non o sei, pero República si. Viva a República!!

 

O ABOMINABLE RÉXIME IRANIANO E "OCCIDENTE"

         Coido que ningún demócrata ou persoa progresista do mundo dubida que o actual réxime dos Aiatolás en Iran é abominable, como anteriormente o foi o do Sha Reza Pahlevi.

         Unha persoa que crea nun réxime democrático ten que desexar, para os demais e para se mesma, un país onde as diferenzas sociais sexan mínimas, onde se respecten os dereitos de expresión pacífica libre en calquera dos seus aspectos, onde as policías e a xudicatura estean ao servizo da seguridade da colectividade e non ao servizo dos economicamente poderosos ou dos seus monicreques que exercen nominalmente a gobernación; un país gobernado por quen procure unha educación pública gratuíta, laica, plural, achegada á realidade da súa contorna; un país no que se respecte e se pulen os dereitos e a igualdade das mulleres e os dereitos da clase traballadora, onde as diferenzas de etnia ou orientación sexual e afectiva das persoas non sexa motivo de discriminación e trato. Un país non confesional, laico, que respecte as crenzas máis profundas da súa cidadanía e non prime a unha crenzas sobre as demais. E o réxime que goberna o Irán non cumpre ningunha das condicións citadas anteriormente. 

        Ao contrario dun país que se poida definir como democrático, Iran está gobernado por unha xentes que non admiten discrepancias coa doutrina oficial, que reprime ao seu pobo cunha policía e unha milicia relixiosa ao máis puro estilo franquista ou hitleriano (o mesmo que fai o Estado de Israel coas persoas palestinas), un réxime que marxina e condena ás mulleres, que obriga a manter unha posición pública de achegamento a unha confesión relixiosa determinada. Un país nominalmente gobernado polos aiatolás (tiranos curas islámicos chiítas) que, como todos os países baseados no goberno dunha relixión oficial de carácter obrigatorio, son por natureza antidemocráticos. Polo cal ao réxime iraniano podemos cualificalo de abominable; e aos seus dirixentes como tiranos indesexables.

        Iran é abominable, pero non menos que outros da súa contorna ou fora dela que tampouco cumpren as condicións de país para ser democrático e que gobernan coas leis máis integristas e crueis; ou incluso a países que para nada se diferencian do actual Iran nos aspectos políticos, como poden ser os gobernados polos sátrapas e asasinos xeques árabes dos países e dos emiratos do Golfo Pérsico (Kuwait, Arabia Saudí, Barheim, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Oman; que teñen como lei a Sharia que aplican aos seus súbditos: aforcamentos públicos, lapidación das mulleres adúlteras, discriminación e cousificación das mulleres, amputación ou castigos corporais públicos, etc.), todos eles cómplices das ilegalidades cometidas polos Estados Unidos de América (EUA) na rexión e ultimamente aliados de Netanyahu na súa cruzada contra Palestina e membros, xunto con outros políticos lixo como Tony Blair  ou Milei, da impresentable "Xunta da Paz", fabricada por Trump para especular cos territorios palestinos e converter Gaza nun ressort turístico para ricos e para maior proveito económico persoal do actual presidente dos EUA e do seu xenro, un falcón dos negocios.

Merece ser bombardeada a poboación civil iraní?

        Eu podo comprender a rabia das persoas iranianas exiliadas nos distintos países de Europa e América por ter que residir no estranxeiro debido á represión do seu dereito a pensar e a comportarse de forma diferente ao do réxime dos ayatolás. Así como entendo que tamén hai irannianos exiliados noutros países, fundamentalmente os Estados Unidos, para fuxir das acusacións de roubo á que serían sometidos (e tratados con métodos que eu non comparto) no seu país de orixe se volven; moitos destes últimos personaxes están ligados ao anterior réxime ditatorial do sha de Persia, Reza Phalevi, que escaparon con fortunas que pertencían ao pobo iraniano.

            O que a min non me cabe na cabeza é que as persoas iranianas que están exiliadas por desexar un país democrático ou, simplemente, por pensar de forma diferente poidan aplaudir e celebrar que os seus compatriotas civís sexan bombardeados por mor das ordes de dúas persoas, Netanyahu e Donald Trump, que teñen máis que demostrado o seu desprezo pola democracia e os dereitos humanos; que son culpables do xenocidio do pobo palestino en Gaza, Cisxordania e Xerusalén Leste e que, de forma repetida, quebrantan a legalidade internacional bombardeando e masacrando poboación civil de países soberanos. Dos que un xa está reclamado polo Tribunal Penal Internacional e que o outro espero que pronto corra a mesma sorte.

            E aínda menos comprendo esa satisfacción cando é de público coñecemento que o réxime islámico dos aiatolás foi potenciado e fabricado polos EUA para evitar que a caída do derradeiro sha de Persia provocara a conversión do Iran nun país máis xusto, non aliñado, cunha democracia ao servizo da comunidade e con menos diferenzas sociais. Foi nun encontro fora de Iran e dos EUA entre a administración norteamericana e os aiatolás iranianos onde se decidiu potenciar a figura do aiatolá Jomeini, exiliado en Francia, para suceder no goberno ao defenestrado Reza Pahlevi (ao que se lle permitiu saír para EUA cargado con propiedades do pobo iraniano).

Que se esconde detrás da agresión ianqui-sionista a Iran?

             É evidente que esa agresión ilegal contra Iran ten motivos estratéxicos e económicos, tanto para os EUA como para Israel (e posiblemente económicos para o propio patrimonio persoal de Donald Trump), a pesar de estar disfrazada con música de liberdade; música que custou a vida a numerosas persoas civís, entre elas a decenas de crianzas vítimas do bombardeo da súa escola, e por moito que neses bombardeos puidera morrer asasinado o sátrapa e criminal aiatolá mandamais do momento. É de coñecemento público a riqueza iraniana en petróleo e gas natural, así como as ligazóns entre Trump e a industria petroleira dos EUA.

            O das liberdades é evidente que a Donald Trump e a Netanyahu os traen ao fresco, como podemos observar polo que fan nos seus propios países e nas agresións a outros países. É evidente, tamén, que o das bombas nucleares en posesión de Iran e outro conto igual que o foi o das armas de destrución masiva no Iraq de Saddam Hussein.

            Se por falla de liberdades, por amor á democracia e por salvaxismo fora xa habería tempo que os EUA terían invadido Arabia Saudí e o resto dos países do Golfo, ou adoitado medidas contra Corea do Norte, Rusia ou China. Pero, claro, os primeiros -países non democráticos- son ferreos aliados do imperialismo ianqui; e contra os segundos -que tampouco son democráticos, pero que si está claro que teñen a bomba nuclear ou medios para fabricala- non se atreven, non vaia a ser. Tampouco lle esixe a Israel ou a se mesmos que se desfagan do armamento nuclear; e iso está a ocorrer nun momento onde o uso dese armamento no conflito está nas mans de dúas persoas que, amais de ter demostrado o seu desequilibrio mental, teñen un afán persoal de mostrarse como "invencibles", con madeira de tiranos, dos cales o actual Presidente dos EUA ten aspiracións a ser emperador do mundo e rei absoluto do seu país (a min, coas súas ridiculeces e dourados lémbrame a aquel Idi Amin de Uganda, pero con máis poder). E iso sen ter en conta os seus desexos de ambos suxeitos de escapar das acusacións de presunción de abusos sexuais a menores un e de corrupción no exercicio do poder o outro.

Violación das leis internacionais 

            É claro que esta agresión armada a Iran emprendida por Israel e os EUA viola todas as leis internacionais, desde as convencións de xenebra ata o dereito internacional acordado nas distintas instancias que regulamentan as relacións e os conflitos entre os diferentes países do mundo. Incluso son violadas polos EUA aquelas normas estabelecidas por organismos que ata agora teñen estado fundamentalmente ao servizo dos seus intereses, como pode ser a Organización Mundial do Comercio (OMC) ou do Banco Mundial (BM).

              Pero iso xa non é novo; xa acontece no xenocidio  emprendido polo goberno nazi-sionista do Estado de Israel contra Palestina en Gaza, Cisxordania e Xerusalén Leste co apoio incondicional dos EUA; igualmente coa invasión de Venezuela e secuestro do seu presidente, ou co asasinato extra-xudicial de presuntos narcos nas costas de Colombia, Venezuela ou en augas internacionais.

As reaccións políticas e militares ao bombardeo de Iran

             A agresión ao seu país provocou que a maquinaria de guerra e defensa de Iran puxérase en marcha e comezara unha choiva de mísiles sobre as bases militares ianquis establecidas nos distintos países do Golfo Pérsico, que servían a intendencia e os apoios á maquinaria de guerra orixe dos bombardeos, e sobre o Estado de Israel. Algunha destas mortíferas armas caeu preto ou afectando a unha base non americana, aínda que era usada polo US-Army, situada en Chipre.

            Pero o que máis noxo produce da maioría das chamadas "democracias occidentais" e da Unión Europea por boca da súa presidenta Ursula Von der Leyen, é que a meirande parte dos países europeos non condenaron a agresión ianqui-sionista contra Iran causante de centos de mortes de persoas civís que ningunha afinidade política coñecida tiñan co réxime dos aiatolás. Pero si que condenaron posteriormente os bombardeos contra as bases militares americanas situadas nos países do Golfo, o que da unha mostra da submisión que certos dirixentes políticos "occidentais" teñen cara ao presunto pederasta nazi e actual Presidente dos Estados Unidos de América Donald Trump.

            Amais do anteriormente exposto, Starmer e Macrón aceleraron a escalada armada dos seus países. O primeiro destinando máis tropas ás súas instalacións militares na zona de conflito coa escusa de protexer a Chipre; e o segundo impulsando o maior e perigoso rearmamento nuclear do seu exército e enviando buques de guerra coa mesma escusa de Starmer.

         O único presidente dun estado europeo que deu a nota discordante foi o Presidente do Estado Español Pedro Sánchez, que condenou por igual tanto os ataques ilegais e contrarios ao dereito internacional dos EUA e Israel contra Iran,  como os ataques deste último contra obxectivos situados en terceiros países, amais de prohibir o uso das bases militares conxuntas de Rota e Morón de la Frontera polas tropas ianquis. Isto valeu ao Estado unha reprimenda do fanfarrón Presidente dos EUA, con ameazas sobre a economía e reaccións propias dun neno mal caprichoso e mal criado (ou dunha persoa maior cunha demencia senil moi avanzada, o cal nada estraño sería). E posteriormente do Secretario ianqui que manexa a economía sae tentando de culpar ao Estado Español da morte de "americanos" (supoño que os militares, non os americanos que asasinan os paramilitares do ICE anti-migración no interior dos EUA) por un conflito que crearon eles. Como se nun atraco a un banco con asasinato dalgún refén os traballadores culpan do mesmo a ese refén ou a outro por non obedecer!! Pois neste caso, o mesmo. (A verdade é que estes imbéciles ianquis se pensan os amos do mundo e cando sae alguén a replicarlle non saben outra cousa que facer o ridículo ou dicir/facer barbaridades).

        Pero a reacción máis triste, calamitosa, penosa e propia dun vasalo sen personalidade foi a do chanceler alemán Friedrich Merz na súa entrevista con Trump na Casa Branca, onde diante das acusacións, ameazas e insultos do Presidente dos EUA cara ao Estado Español e ao seu presidente foi incapaz de plantarlle cara e poñelo á fresca, co cal ficou como o que é diante do mundo, dos seus compatriotas, dos políticos norteamericanos e  dos xornalistas presentes nesa entrevista. Máis humillado e con menos personalidade que o Zelensky na súa primeira visita á Casa Branca.

O papel da OTAN 

            Outro aspecto importante é a posición da OTAN diante do conflito. Sabemos que o vasalo holandés de Donald Trump que ostenta a Secretaría Xeral desa organización militar, á que por desgraza pertence o Estado Español, vai tentar de seguir todas as instrucións que desde a Casa Branca e da cúpula do US-Army lle transmitan. Polo de pronto xa insiste en que todos os países que forman parte desa organización de masacrar civís teñen que asumir un gasto armamentístico do 5% dos seus produtos interiores brutos (PIB). Neste contexto, isto é unha referencia ao Estado Español, que se nega a asumir tal gasto en favor das arcas do empresariado do armamento dos EUA e diminuír o xa de por si escaso orzamento en gasto social do Estado.

                Cabe a posibilidade de que, adrede ou accidentalmente, Iran agrida algún país da OTAN onde haxa bases dos EUA ou da OTAN, que ven a ser o mesmo. Mesmo que o faga alguén con falsa bandeira e se culpe ao Iran.  Onte xa o exército español interceptou e avisou aos ianquis dun mísil dirixido cara a algures, que foi derribado polas defensas do exército dos EUA e que foi caer desactivado en territorio de Turquía (membro da OTAN). Pola legalidade da organización armada todos os países membros, en caso de ser agredido un deles, deben implicarse no conflito en defensa do país agredido. Nun caso destes tamén o exército español tería que participar na defensa do país agredido. O cal, tendo en conta os métodos pouco fiables usados xa en multitude de veces, en multitude de países, polos Estados Unidos de América (ben usando o propio exército ou ben usando calquera dos seus servizos secretos CIA, DEA ou outros peores) sería máis que conveniente que o Estado Español se saíra desa organización militar e pechara as bases militares dos EUA no territorio español.

Consecuencias económicas do ataque a Iran 

       Previsiblemente, as consecuencias económicas do ataque de EUA e Israel a Iran van ser moi negativas para o conxunto da economía mundial; e iso se o conflito non se internacionaliza máis e se converte nunha guerra mundial con participación de Rusia e/ou China.

         A primeira reacción iraniana diante da agresión foi a de pechar ao tráfico o estreito de Ormuz, vía clave para o comercio entre oriente e occidente. E non só polo tráfico de petróleo e gas natural procedente de Iran, senón por todas as mercadoría que proceden de China, Xapón ou países do sur-leste asíatico. Se esta situación se mantén no tempo, vai ter como efecto un encarecemento de todas esas mercadorías derivado do maior custo do transporte, dun menor abastecemento e, tamén, un encarecemento (que xa se está a notar) no prezo dos combustibles; o que todo no seu conxunto vai provocar aínda un maior incremento dos prezos e a aparición de procesos inflacionistas. Sen esquecer a desaceleración dos mercados financeiros diante da situación de incerteza que a conxuntura internacional está a provocar nun espazo económico fundamentalmente especulador.

        A consecuencia social inmediata desta situación (se non se agrava aínda máis) vai ser a apertura dunha maior fenda social, onde os menos favorecidos economicamente van precarizar aínda máis a súa situación e onde, tamén, os máis poderosos economicamente vanse beneficiar da situación, contribuíndo a agrandar aínda máis esa fenda.

             Que consecuencias poden ter as ameazas de Donald Trump sobre a ruptura de relacións comerciais co Estado Español como represalia á posición mantida polo goberno español sobre o ataque a Iran e o non uso das bases? Como xa teñen dito distintas persoas dirixentes de países da Unión Europea e da mesma Comisión Europea os EUA non poden establecer medidas unilaterais sobre España posto que significaría rachar os acordos acadados entre a Unión e os EUA; e iso non sería posible, por tanto e por moito que Donald Trump e os seus lambecús o pretenderan.

            E iso téñeno claro os empresarios de Galicia. Nun primeiro momento, no inicio do conflito, e xa posta enriba da mesa a posición do goberno do Estado e as ameazas de Trump, os empresarios da provincia de Pontevedra (activistas pepeiros onde os haxa) amosaron a súa preocupación sobre o incremento dos prezos dos seus insumos e a posibilidade dunha inflación que puidera levar ao Banco Central Europeo (BCE) a subir os tipos de xuro. Mentres, a Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) parece que se inclina por pedir diálogo entre estados para protexer os negocios bilaterais, o cal tampouco é posible dada a negociación conxunta dos estados da UE cos EUA.  Do que pensa a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) non teño lido nada agás o que ten dito unha das súas organizacións compoñentes citada máis arriba; en todo caso si hai indicios de que alguén anda a meter medo cos sectores da economía galega que teñen relacións comerciais importantes cos EUA, sectores que están protexidos polos acordos acadados entre a UE e os EUA e que, nun principio e agás (cousa pouco probable) de que o catavento ianqui troque o seu parecer, nada teñen que temer.

Aumento dos fluxos migratorios cara a outros países de Europa e Asia

            Como xa ten ocorrido coa guerra habida en Siria promovida polo sionismo e os EUA, a guerra con Iran xerará un gran número de desprazados que escapan da guerra cara a outros países; non só desde Iran, senón tamén desde o Líbano asolado polas agresións armadas sionistas. Como xa ten pasado coa poboación siria, serán Turquía, como destino provisional das persoas refuxiadas, e a Unión Europea como destino final de moitas delas os principais receptores desas correntes migratorias.

        En Europa atoparanse con políticas claramente xenófobas, practicadas en certos países como Italia ou Hungría, e apoiadas e xustificadas desde a Comisión Europea, polas forzas políticas da dereita europea e polas crecentes forzas fascistas presentes na Europa. Moitas desas persoas, que deberían ter carta de refuxiadas políticas, atoparanse co rexeitamento á súa presenza e serán internadas en verdadeiros campos de concentración situados en terceiros países por mor dos acordos establecidos entre os seus gobernos e gobernos nacionais de certos estados europeos.

  E o ámbito político?

             No ámbito político hai que distinguir tres posicións políticas fundamentais: a da dereita, a da socialdemocracia liberal e a da esquerda. Os primeiros, Partido Popular, Vox e resto da dereita e extrema dereita, respaldan totalmente a agresión ordenada por Trump e Netanyahu contra Iran e condenan a posición de neutralidade adoitada pola socialdemocracia liberal do PSOE e o goberno español que condenan a agresión tanto en canto se violou a lei internacional e piden que se volva ao diálogo para evitar unha escalada bélica.

        Hai que sinalar que os da "banderita-pulsera" patriotera de Vox seguen ao pe da letra o argumentario que Washington marca en cada momento, aderezado coa petición de dimisión de Pedro Sánchez, co cal parecen mesmamente os bufóns baratos do inquilino da Casa Branca aos que lles importa unha vaina a seguridade e as vidas dos soldados españois.

        O Partido Popular non sabe a que anda. Nin sequera coa bandeiriña patriótica de pulseira. Dentro da seu aliñamento coas posicións dos EUA, un día di unha cousa e outro día di outra distinta. Para xustificar a agresión di o insigne Núñez Feijóo que eles "non queren que se viole a legalidade internacional, pero que por riba dela están os dereitos humanos". Como se os dereitos humanos non formaran parte da legalidade internacional estipulada pola ONU! Pero é máis incrible aínda se consideramos que esas verbas proceden dunha persoa que se di licenciada en dereito! Esa posición compleméntase coa petición de que Pedro Sánchez convoque eleccións. A partir de aquí, e tendo os continuos e contraditorios comentarios e declaracións feitos por distintos membros dese partido, podemos deixar de tomalos en serio; iso si, cada vez máis se aproxima á disputa da cualificación de bufóns baratos da Casa Branca con Vox.

        Outras declaracións da extrema dereita foron as feitas pola Presidenta da Comunidade de Madrid. Coma sempre, declaracións histriónicas dedicadas a copar titulares e desviar a atención dos grandes problemas que a cidadanía madrileña ten coa sanidade pública, a educación, a atención aos maiores nas residencias e non sei cantas cousas máis, pero moitas, que non funcionan ou ranquean pola vontade do Partido Popular madrileño de afundir os servizos públicos. Titulares que farán festa de todo o espazo de lixo mediático que diariamente vangloria á líder fascista do Partido Popular madrileño e oculta os verdadeiros problemas que a cidadanía ten.

        A esquerda, estatal e nacionalista, aínda con diferenzas de matíz entre as distintas formacións, é unánime en condenar a agresión a Iran polo que supón de violación do dereito internacional e pide que se pare o conflito, se pechen as bases estadounidenses no territorio do Estado Español e a saída de España da OTAN. Todo elo con múltiples matices en cada caso.

         E así están as cousas neste intre de ir pechar o artigo. Unha novidade: un barco de guerra español parte cara á zona de conflito para sumarse a outro francés que vai para o mesmo lugar; en teoría para defender os intereses dos países europeos como Chipre.

            A ver que pasa; a ver se non entramos nunha espiral bélica. Se é así, co meu apoio que non conten.

______________________________ 

Nota final.- 

Este artigo revisado o sábado 7 de marzo de 2026. 

 

ENSINO GALIZA: UNHA FOLGA ÚTIL

 

         Hai xa máis de 10 anos que, por xubilación anticipada, deixei a miña actividade como ensinante. Daquela xa se empezaban a notar os síntomas do que hoxe xa é unha grave enfermidade do ensino público non universitario na Galiza: exceso de horas lectivas do profesorado, exceso do número de alumnado por aula, burocratización (daquela, sobre todo, na FP), trabas á atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) por falta de profesorado, falta de profesorado, tamén, noutras especialidades da docencia, exceso de materias afíns, falla dun mantemento estrutural axeitado nos centros educativos, orzamentos de miseria, trabas e obstáculos ao uso normal do galego nas aulas, supresión de aulas e unidades públicas que se traspasan aos negocios do ensino concertado... E, posiblemente, outros que deles xa nin me lembro e que, tamén posiblemente, poderían facer máis doados e produtivos tanto o labor como o aproveitamento docentes.

        Toda esta degradación acelerada planificada xa, sen dúbida, xa coa perspectiva de impulsar unha maior privatización do servizo público de ensinanzas; privatización acelerada que na actualidade vese con claridade, sobre todo, na Formación Profesional con esa mala e ineficiente imitación da formación en alternancia alemá que a Consellería de Educación da Xunta de Galicia estableceu no noso país e co aumento dos concertos e axudas a centros privados concertados. Sen esquecernos da etapa de cero a tres anos da Educación Infantil, dependente da Consellería de Política Social, onde a privatización é máis que descarada.

         Teño que confesar que me sentía moi a gusto impartindo as materias da miña especialidade; que me congratulaba estar na compañía do meu alumnado (ás veces tamén fora das aulas) e de moitos e moitas das miñas colegas. Que era feliz preparando as miñas aulas na casa aínda que puidera levarme horas e horas acadar e preparar material complementario a sabendas de que non ía ser un esforzo baldío. 

        A miña xubilación non foi por ter chegado aos 65 anos, senón, e como xa sinalei nun principio, anticipada. E, á parte de motivos persoais de peso que me levaron a adoitar a decisión de xubilarme, quizais fora o exceso de burocratización que se miraba vir e a falta de dotacións materiais as que inclinaron a balanza cara á decisión de xubilarme. Mais, no fondo, aínda hoxe sigo a botar en falta a relación co alumnado.

        E vexo, polo que leo en distintos xornais, que os problemas que o ensino público ten na actualidade son os mesmos, pero moi aumentados, que os que tiña cando eu optei por me xubilar. (Cando digo nos xornais, loxicamente non me refiro a La Voz de Galicia, nin a La Región, tampouco a El Correo Gallego, Faro de Vigo ou El Progreso e outros que só sobreviven polas subvencións, subscricións e publicidade das consellerías da Xunta; xornais nos que tal parece que todos os servizos públicos da Galiza dependentes da Xunta de Galicia son unha balsa de aceite con ausencia case total de problemas graves dos que informar.)

        As persoas que sigan este blog, se é que as hai, decataranse de que é a primeira vez que escribo sobre o ensino e a súa situación. Mais desta vez, a participación crecente dos distintos sectores das comunidades educativas nas distintas mobilizacións do curso 2023-24, 2024-25 e as que se están a levar neste curso 2025-26, chamaron a miña atención (folgas, manifestacións en Compostela, peches sindicais na Consellería de Educación, distintas formas de mobilización locais, peches rotatorios en centros de ensino, etc.).

 Por un ensino público de calidade

         (Mira ti! Saíume un título de apartado que parece situarme nas mobilizacións habidas cando estaba en activo, en especial as do ano 1998 na educación non universitaria galega, coas que as actuais mobilizacións teñen algunhas semellanzas, tanto na participación docente como nas actuacións sindicais feitas ás costas do profesorado por algunhas organizacións).

        As actuais mobilizacións, iniciadas xa en cursos anteriores, teñen como leiv motiv a mellora das condicións da profesión docente e de distintos aspectos dos procesos e dotacións educativas (que non vou enumerar para non alongarme en demasía e que poden coñecerse e relembrarse nas hemerotecas dos diferentes sindicatos, na prensa galega publicada en papel e nos medios dixitais galegos, agás os mencionados directamente máis arriba).

        Pero as arelas de mellora da calidade do ensino e de mellora das condicións de traballo do profesorado galego víronse frustradas polo denominado Acordo da Vergoña, asinado polos sindicatos ANPE, CC.OO. e UGT coa Consellería de Educación  ás costas do profesorado; acordo que non recollía ningunha das principais reivindicacións dos corpos docentes da Educación Infantil e Primaria e da Educación Secundaria, simplificando: recuperar os dereitos laborais anteriores ao ano 2007, redución do alumnado por aula, reforzar a atención ao alumnado NEE, etc.  Isto provocou un rexeitamento maioritario no profesorado, que nos seguintes tempos e até hoxe secundou as accións de protesta e reivindicativas convocadas pola CIG-Ensino e STEG. Hai que sinalar que estas mobilizacións do profesorado foron secundadas por multitude de ANPAS, federacións de ANPAS e sindicatos de estudantes.

        Un acordo asinado pola Consellería de Román Rodríguez con sindicatos que entre todos eles só representan ao 47,3%, segundo datos recollidos das últimas eleccións sindicais, do profesorado non universitario de Galiza, e que foi rexeitado pola maioría sindical que representa ao profesorado do ensino público non universitario. 

        A todo isto, hai que lembrar que ese Acordo da Vergoña foi unha manobra impulsada pola Consellería de Educación, utilizando como comparsas aos asinantes, para tentar parar as crecentes mobilizacións non porque a Consellería fora a cumprir o que asinou. Iso ficou patente na impotencia amosada polos asinantes do mesmo diante dese incumprimento que nada achegaría á resolución dos problemas do ensino e do profesorado. Porque de cumprir as tristes condicións do mesmo... nin flores (como era de esperar desa maquinaria de propaganda baleira de realidade que é a Consellería de Educación, dito de paso).

        Outra cousa a lembrar é que, xa no pasado non foron nin unha, nin dous, nin tres, as ocasións nas que estes mesmos sindicatos teñen asinado coas administracións educativas (centrais ou autonómicas) acordos que supuxeron puñaladas trapeiras ao profesorado, e que en numerosas ocasións provocaron unha desmoralización e unha desmobilización do mesmo.

A reacción da Consellería diante do mantemento e gran participación nas mobilizacións.

        Diante das masivas mobilizacións do profesorado e coa clara intención de parar a mobilización docente (parece que agora os pais, nais e alumnado á Consellería impórtanlle un pemento), o peor conselleiro de Educación que tivo este país desde 1996 ata hoxe, moi "esperto" el, tivo unha "excelente" idea: convocar aos asinantes do Acordo da Vergoña para facerlle novas propostas.

        Cales foron esas propostas? Pois nin máis nin menos que a de volver ás 18 horas lectivas no ensino secundario. E o demais? E no resto dos niveis educativos non universitarios? E os rateos nas aulas? A dotación de máis profesorado especialista para a atención ao alumnado con necesidades educativas especiais? E o aumento dos cadros do profesorado? E así poderiamos seguir ata encher dúas páxinas, ou máis, completas dun xornal editado en formato tabloide. Volvera a Consellería de Educación a incumprir ese novo acordo adoitado con organizacións que se deixan tomar o cabelo e non teñen o respaldo do profesorado?

        O realmente triste é que eses sindicatos reafirmen a súa complicidade e confianza con un órgano, a Consellería de Educación, que normalmente se resiste a cumprir os acordos e que xa os ten enganado; é triste, tamén, que se presten a ser cómplices da maquinaria de propaganda do Partido Popular, contribuíndo a espallar o fume que desde esa consellería xeran o conselleiro Román Rodríguez e os seus cargos de confianza.

        Igualmente triste é que algunha das representantes dos vergoñentos sindicatos asinantes sinale na rolda de prensa posterior á firma algo así como que "os que non asinaron non van poder participar no seguemento do acordo". Acaso non saben, a mencionada persoa e os restantes asinantes, que as condicións de traballo dos docentes teñen que ser negociadas nas mesas sectoriais? Porque iso é o que di a Lei de Representación Sindical dos empregados públicos. Ou acaso pretenden, de novo, desprezar á unha maioría do profesorado que non está representada por eles?

        Pero os depositarios da vergoña docente medraron desta volta; a eles xuntouse o CSIF, que durante un tempo apoiou as mobilizacións contra o vergoñento acordo. Pero iso é o que teñen os sindicatos corporativistas; e o CSIF o é.

        Outro dos elementos da propaganda baleira creada por Román Rodríguez é o da oferta pública de emprego para o ano en curso, destacando a creación de prazas nas especialidades de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. Máis fume, máis mentiras e máis propaganda da Consellería espallada aos catro ventos polos xornais máis arriba mencionados. Non espallan eses xornais as contas feitas polo sindicato maioritario do ensino público non universitario da Galiza, a CIG-Ensino,  onde con datos e cifras ponse en evidencia que a convocatoria de oposicións apenas cubre as vacantes que por mobilidade, xubilación ou defunción se producen no ensino público da Galiza.

        En fin, todos a unha: Partido Popular e asinantes do Acordo da Vergoña, ver 1.0 e 2.0.

Polo ben do ensino público e do país 

        Polo ben do ensino público, polo ben das clases populares máis desfavorecidas economicamente, polo ben do ensino rural, polo ben do futuro do país, espero que as mobilizacións do profesorado non se deteñan, que forcen á Consellería de Educación a negociar e chegar a acordos coas forzas sindicais que representan á meirande parte do profesorado non universitario.