Un Parlamento Europeo de maioría xenófoba

"Pero, ¿que valor ten o dereito a saír dun país se non existe o dereito a entrar noutro?"

                                        (Lea Ypi: "Libre") 

        O 26 de marzo pasado, por maioría de votos dos seus membros (evidentemente, membros xenófobos cando non nazis) , o Parlamento Europeo votou en favor de que os seus países membros puideran internar aos migrantes no que eles chaman "centros de devolución", situados en países externos á Unión Europea (UE), países aos que se lles reportaría un módico prezo polos seus servizos. Alí poderían ser internados todas aquelas persoas migrantes chegadas á UE por medios considerados "non regulares". Isto quer dicir que refuxiados políticos, persoas que fuxen das guerras, persoas que fuxen da miseria na que as potencias occidentais deixaron aos seus países, etc.; é dicir, persoas que buscan un modo de vida mellor pero non teñen cartos para pagarse unha viaxe en avión e recurren a poñer en perigo a súa vida para poder ter futuro son encerrados neses "centros de devolución" ou "campos de internamento" como os creados pola fascista Meloni en Albania e aos que tumbou a xustiza italiana; lugares aos que non se deixa acceso á prensa non colaboracionista e que non son máis que un remedo dos campos de concentración nazis que, con facilidade, poden converterse en campos de exterminio. Esa norma entra xa en vigor.

        A UE, con esta medida longamente aplaudida pola Presidenta da Comisión Europea Ursula von der Leyen e os seus compinches da dereita xenófoba europea (os mesmos que defenden a capa e espada o xenocidio palestino a cargo do Estado nazi-sionista de Israel) volven unha vez máis a cometer un atentado contra o Dereito Internacional e, no concreto, contra a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e contra os dereitos que asisten ás persoas refuxiadas por diferentes motivos. Teñamos en conta que esta medida é claramente unidireccional, so dirixida aos refuxiados procedentes dos chamados países do Sur, contra as persoas de faciana non branca ou pálida, persoas que proceden con rostro escuro ou negro. A proba é que non houbo ningún obstáculo á dar refuxio, conforma ás leis internacionais e máis, ás persoas procedentes de Ucraína como refuxidos de guerra; ou no pasado ás persoas procedentes da antiga Iugoeslavia que escapaban dunha guerra promocionada por Inglaterra, Alemania e Francia e apoiada pola OTAN.

        A este respecto Imos inserir o comunicado, en español (o orixinal está en inglés) asinado por máis de 200 organizacións defensoras da democracia e os dereitos humanos contra esta disposición da UE e, posteriormente, a ligazón á nova da aprobación publicada nas páxinas de Amnistía Internacional.

15 de septiembre de 2025

Más de 200 organizaciones: se deben rechazar las reglas de deportación inhumana

El 11 de marzo de 2025, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta de Reglamento de retorno para sustituir a la actual Directiva sobre el retorno. Detrás del nombre eufemístico, la propuesta describe medidas coercitivas, traumáticas y de violación de derechos basadas en un imperativo de aumento de las tasas de deportación. En lugar de centrarse en la protección, la vivienda, la salud y la educación, el Reglamento se basa en políticas punitivas, centros de detención, deportación y aplicación. 

El “Regulación de la deportación”, como se llamaría más acertadamente, es parte de un cambio más amplio en la política migratoria de la UE para caracterizar el movimiento humano como una amenaza para justificar las excepciones a las garantías de los derechos fundamentales. Las instituciones de la UE y los Estados miembros han hecho cada vez más de la criminalización, la vigilancia y la discriminación los instrumentos de incumplimiento de la gobernanza de la migración, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la expansión de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados en los derechos.

Nuestras organizaciones son inequívocas: el presente Reglamento debe ser rechazado. Está impulsado por la detención, la deportación, la externalización y el castigo, particularmente de las personas racializadas, y resultará en que más personas sean empujadas al limbo legal y a las condiciones peligrosas. Pedimos a la Comisión Europea que retire la propuesta e insta al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a que la rechacen en su forma actual.

El Reglamento debe ser rechazado por los siguientes motivos:  

1. DEPORTACIONES A PAÍSES SIN VÍNCULOS PREVIOS Y CENTROS DE DEPORTACIÓN OFFSHORE (Arts. 4, 17) 

Esta propuesta, junto con los cambios propuestos en el Reglamento sobre procedimientos de asilo, permitiría, por primera vez, deportar a una persona contra su voluntad a un país no perteneciente a la UE al que no tienen ninguna conexión personal, ya sea a través de la cual sólo han transitado brevemente, o en el que nunca han puesto un pie. 

Enviar a alguien en contra de su voluntad a un país al que no tiene ningún vínculo puede considerarse razonable, justo o sostenible. Tales medidas destrozarían a las familias y comunidades de toda Europa, socavando el tejido de solidaridad en el que la gente confía para vivir con dignidad. La ampliación de las opciones para el “retorno” plantea serias preocupaciones sobre los derechos fundamentales, incluido el riesgo de que las personas queden varadas en terceros países, la seguridad y la dignidad de la eliminación, la sostenibilidad de la inclusión y la reintegración, y el acceso al apoyo, los derechos y los servicios. Estas medidas también se aplican a las familias y los niños, con excepciones limitadas.

El Reglamento propuesto también permite el establecimiento de los llamados “centros de retorno”; muy probablemente se conviertan en centros de detención similares a las prisiones que acogen a los que esperan deportaciones, fuera del territorio de la UE. Se trata de una desviación atroz del derecho internacional y de las normas de derechos humanos. Es probable que estos resulten en una serie de violaciones de los derechos, incluida la detención arbitraria automática, la devolución directa e indirecta (a los centros de retorno o a través de deportaciones posteriores) y la denegación del acceso a las garantías legales y procesales. Al mismo tiempo, reforzarían las prácticas discriminatorias y plantearían problemas sustanciales en la vigilancia de las condiciones de los derechos humanos y la determinación de la responsabilidad jurídica y la jurisdicción. Las disposiciones actuales del Reglamento son, además, alarmantemente vagas y no establecen normas vinculantes, lo que agrava estas preocupaciones. En línea con los intentos pasados de externalizar las responsabilidades de asilo en el extranjero o externalizar, como las de Australia, el Reino Unido o Italia, es probable que tales propuestas sean exorbitantes en costos, conllevan riesgos diplomáticos y de reputación significativos y amplían las brechas y divergencias entre las políticas de asilo y migración de los países de la UE. Desviarían los recursos a los modos punitivos de gobernanza de la migración en lugar de políticas que priorizan la protección, la atención y la seguridad. 

2. NUEVAS OBLIGACIONES SOBRE LOS ESTADOS DE “DETECTAR” Y VIGILAR (Art. 6)  

La propuesta exige que los Estados adopten medidas para detectar a las personas que permanecen irregularmente en su territorio. Más de 80 organizaciones advirtieron que disposiciones similares en el Reglamento de Detección de 2024 resultarían en un aumento de la elaboración de perfiles raciales y un trato discriminatorio. Tales disposiciones allanan el camino para la expansión de las prácticas policiales racistas y las redadas de inmigración que fomentan el temor en las comunidades racializadas y migrantes. Además, las medidas de detección vinculadas a la aplicación de la legislación migratoria crean graves riesgos para los derechos humanos, incluidos los relacionados con el derecho a la salud, los derechos laborales y la dignidad humana, ya que el temor a las autoridades desalienta a las personas indocumentadas de buscar atención médica, denunciar abusos o acceder a la protección. Tales medidas podrían provocar conflictos éticos para los profesionales y socavar la confianza en los servicios públicos. Por último, corren el riesgo de amenazar los derechos de privacidad a través del intercambio inseguro de datos personales confidenciales, incluidos los datos de salud, la violación de las normas de protección de datos de la UE y la erosión de las libertades de la sociedad en su conjunto.

3. MÁS PERSONAS SE METIERON EN LA IRREGULARIDAD Y EL LIMBO LEGAL (Arts. 7, 14) 

La propuesta requiere que los estados emitan órdenes de deportación junto con cualquier decisión que ponga fin a la estancia regular, sin considerar previamente otras opciones de estatus a nivel nacional (como permisos para razones humanitarias, de interés superior del niño, médicos o familiares, así como durante los procedimientos de determinación de la apatridia o en otros casos en que la deportación no sea posible). Combinado con reglas similares en el Pacto sobre Migración y Asilo que vinculan las decisiones negativas de asilo y deportación, esto levantaría más barreras para acceder a los permisos de residencia nacionales. De manera alarmante, incluso prevé emitir órdenes de deportación que enumeran múltiples países potenciales de retorno cuando un país de retorno no puede ser identificado.

La propuesta también debilita las protecciones para aquellos que no pueden ser deportados, a menudo sin culpa propia. Aunque permite el aplazamiento de la “extirpación” en los casos en que existe un riesgo de devolución, elimina el requisito actual de identificar y evaluar otras circunstancias individuales, ignorando que en muchos casos el “retorno” puede no ser apropiado o incluso posible, como si una persona está apátrida, o por otras razones de derechos humanos.

Esto pone de relieve la inconsistencia de una propuesta desarrollada con el objetivo defectuoso de “aumentar las tasas de retorno”, pero que al mismo tiempo infla artificialmente el número de personas que emitieron una orden de deportación. Como resultado, muchas más personas serán empujadas a la irregularidad y al limbo legal, se les negarán los derechos básicos como la atención médica y estarán expuestas a la indigencia, la falta de vivienda, la explotación o la detención prolongada. Estas políticas no solo perjudican a las personas: desestabilizan y crean más miedo e inseguridad, particularmente para las personas migrantes y racializadas, así como para las comunidades más amplias de las que forman parte.

4. EXPANSIÓN SEVERA DE LA DETENCIÓN (Art. 29-35) 

La propuesta promueve el uso sistemático de la detención por parte de los Estados. Se extiende significativamente la duración máxima de la detención, de 18 a 24 meses. Esta extensión es desproporcionada e ineficaz, y solo profundizaría el daño a los derechos, la dignidad y la salud de las personas. También amplía los motivos de la detención, incluidos los criterios que, en efecto, abarcan a la mayoría de las personas que han entrado en Europa de manera irregular o que se encuentran en situación de indocumentación, en contra del principio de proporcionalidad y necesidad. Por ejemplo, la falta de documentos o la falta de vivienda sería motivo suficiente para la detención. La propuesta permite la detención de niños, a pesar de las normas y normas internacionales de derechos humanos que indican que siempre es una violación de los derechos del niño y nunca en el mejor interés de un niño, y el compromiso global de los gobiernos para trabajar para poner fin a la práctica. Otros grupos vulnerables, así como las personas que no pueden ser deportadas, también serían objeto de detención. La propuesta parece permitir la detención indefinida de personas que se considere que plantean “riesgos de seguridad”, por decisión judicial. También permite a los Estados miembros desviarse de las garantías básicas en torno a la detención si los sistemas se enfrentan a una “carga pesada imprevista” vagamente definida. La expansión de la capacidad de detención creará oportunidades lucrativas para los contratistas privados que dirigen los centros de detención, incentivando el crecimiento de una industria de detención a expensas de los derechos y la dignidad de las personas.

Las “alternativas a la detención”, o medidas no privativas de la libertad, propuestas por la Comisión, no servirían a su propósito como alternativas genuinas, y no tendrían que ser consideradas antes de aplicar la detención. Más bien, ahora podrían utilizarse además de la detención y después de que se hayan superado sus límites de tiempo. En conjunto, estos acontecimientos equivalen a una importante expansión de la detención de inmigrantes, por lo que ya ni siquiera sería tratada como una medida de último recurso o se impondría durante el menor tiempo posible, en clara tensión con los requisitos del derecho internacional.

5. MEDIDAS PUNITIVAS Y COERCITIVAS (Art. 10, 12, 13, 16, 22, 29) 

La propuesta introduce requisitos de cooperación extensos, desproporcionados y poco realistas para las personas que emitieron una orden de deportación, como tener que proporcionar documentos de identidad que no puedan poseer, que sus cuerpos y pertenencias sean registrados o que cooperen con terceros países para obtener documentos de viaje. Estos se combinan con sanciones punitivas y fuertes en casos de «incumplimiento», incluidas sanciones financieras, prohibiciones de entrada, restricciones a la salida voluntaria, así como denegación de prestaciones, prestaciones o permisos de trabajo. Sin una manera efectiva de desafiar la determinación de que no están cooperando lo suficiente o para garantizar que las personas no sean penalizadas por circunstancias fuera de su control, como la apatridia, las barreras digitales o de alfabetización, la edad, la salud o el trauma, estas medidas corren el riesgo de aplicarse arbitrariamente y castigar desproporcionadamente a las personas en situaciones socioeconómicas vulnerables. 

La propuesta introduce un nuevo cambio de “partida voluntaria” a “eliminaciones”, haciendo de la deportación la opción por defecto. A pesar de que la noción de voluntarinessvoluntaridad en tales circunstancias sigue siendo cuestionable, la propuesta restringe aún más las opciones y la agencia de la gente. Lo hace introduciendo amplios motivos por los que las “retribuciones” forzadas serían obligatorias y eliminando incluso el período mínimo actual de siete días para la salida voluntaria, o el cumplimiento de una orden de deportación.  

Se prevén excepciones específicas para las personas que “representan una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional”, motivos que están vagamente definidos y pueden aplicarse de manera abusiva. Cualquier caso que represente un riesgo para la seguridad o relativo a una condena penal debe tratarse en el contexto de los procedimientos de justicia penal con las salvaguardias de juicio justo requeridas.

6. EROSIÓN DE LOS DERECHOS DE APELACIÓN (Art. 28) 

En continuidad con la erosión de estos derechos en virtud del Pacto, la propuesta elimina el efecto suspensivo automático de los recursos contra la ejecución de una decisión de deportación. El efecto suspensivo deberá solicitarse junto con el recurso, o concederse de oficio. Esto crea una capa adicional de complejidad para las personas en riesgo de ser deportadas, así como las autoridades judiciales, y elimina una salvaguardia esencial al derecho a un recurso efectivo. Sin un plazo mínimo obligatorio para los recursos (la propuesta especifica únicamente que el plazo no excederá de 14 días), los Estados miembros podrían hacer imposible que las personas impugnen efectivamente las órdenes de deportación en la práctica, contra la jurisprudencia establecida de los tribunales europeos. 

7. VIOLACIONES AMPLIADAS DE LA VIGILANCIA DIGITAL Y DE LA PROTECCIÓN DE DATOS (Arts. 6-9, 23, 38-41) 

La propuesta amplía la vigilancia digital de las personas en los procedimientos de deportación, denunciada por expertos en derechos digitales y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Esto incluye la amplia recopilación y el intercambio de datos personales, incluidos los registros confidenciales de salud y penales, entre los Estados miembros de la UE y con terceros países que pueden carecer de una protección de datos adecuada. También permite el uso de tecnologías de vigilancia intrusiva en los centros de detención, y el uso de “alternativas a la detención” digitales, como el rastreo GPS y la vigilancia de teléfonos móviles, que, si bien supuestamente se considera una alternativa a la detención, siguen siendo altamente intrusivos y pueden equivaler a la detención de facto. Estas tecnologías también crean nuevos mercados rentables para las empresas de vigilancia.

La creación de una «Orden de retorno europea», almacenada en el Sistema de Información de Schengen (SIS), combina aún más la gestión de la migración y la policía, con el intercambio de datos previsto con la aplicación de la ley. Existen patrones documentados de abuso de datos y incumplimiento de las normas legales sobre privacidad y protección de datos personales por parte de las autoridades bajo el SIS, lo que aumenta la probabilidad de violaciones de datos y uso indebido. 

8. FALTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y CONSULTAS  

Al igual que otras propuestas legislativas recientes sobre migración, esta propuesta de la Comisión Europea se emitió sin una evaluación de impacto en los derechos humanos o consultas formales, incluidos los interlocutores sociales, en un ámbito en el que la formulación de políticas basadas en datos empíricos es especialmente crucial. Esto es contrario al Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación y a las propias Directrices de la Comisión sobre la mejora de la legislación cuando una propuesta legislativa tiene un impacto social significativo y en la que existe una elección de opciones políticas. Una evaluación previa del impacto de los derechos fundamentales es esencial para garantizar el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales, la no devolución, la prohibición de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, la libertad personal, los derechos del niño, la reparación efectiva, la vida privada y familiar, la privacidad y la protección de datos, y la no discriminación. 

9. PASE POR ALTERATIVAS AL CONTROL PUNITIVO DE LA MIGRACIÓN  

La propuesta refleja una falsa suposición de que la deportación debería ser la única opción para las personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada o cuyos permisos de residencia han expirado o han sido revocados. Para reducir el número de personas atrapadas en irregularidades, los Estados de la UE deben mantener el acceso a los permisos existentes relacionados con los derechos humanos y ampliar las vías a una amplia gama de permisos de residencia que permitan a las personas planificar sus vidas, participar en el trabajo regular, estudiar y participar plenamente en todas las facetas económicas, sociales y culturales de las sociedades en las que viven. 

Hacemos un llamamiento a la UE para que deje de atender a los sentimientos racistas y xenófobos y a los intereses corporativos y revierta el cambio punitivo y discriminatorio de su política migratoria, y en su lugar dirija los recursos hacia políticas arraigadas en la seguridad, la protección y la inclusión, que fortalezcan las comunidades, defiendan la dignidad y garanticen que todas las personas puedan vivir de manera segura independientemente de su condición.

Las instituciones de la UE y los Estados miembros deben rechazar las medidas de deportación que se basan en un enfoque punitivo y coercitivo, reducir las normas de derechos humanos y afectar desproporcionadamente a las personas racializadas. A la luz de las preocupaciones expuestas anteriormente, pedimos a la Comisión Europea que retire esta propuesta e instamos al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a que rechacen esta propuesta.

La lista completa de firmantes está disponible aquí.

         Ata aquí a declaración das máis de 200 organizacións; agora á ligazón á publicación de Amnistía Internacional:

26 marzo 2026

Also available in English,Français,العربية,Русский

Unión Europea: El Parlamento Europeo da su aprobación a planes de detención y deportación punitivas

     

Carta de Dimisión (e denuncia do xenocidio palestino) de Craig Mokhiber, ex Director da Oficina da ACNUDH Nova York

         Polo interese que ten (tanto polo historial da persoa como polo seu compromiso cos dereitos humanos) imos reproducir aquí a Carta de dimisión de Craig Mokhiber, agora ex-director da Oficina das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos en Nova York. A ligazón (ao diario dixital CTXT.es) está en idioma español, pero aquí imos publicar a versión en galego que circula polas redes.

 A CARTA DE DIMISIÓN

        Esta será a miña derradeira comunicación oficial como director da Oficina de Nova York da Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos (ACNUDH).

        Escríbolle nun momento de gran angustia para o mundo, incluídos moitos dos nosos compañeiros e compañeiras. Máis unha vez, somos testemuñas dun xenocidio que se desenvolve diante dos nosos ollos, e a Organización á que servimos parece impotente para detelo. Sendo unha persoa que investigou a situación dos dereitos humanos en Palestina desde a década de 1980, viviu en Gaza como asesor en materia de dereitos humanos da ONU na década de 1990 e levou a cabo varias misións de dereitos humanos no país antes e despois deses períodos, esta situación aféctame persoalmente.

        Tamén foi nestas oficinas da ONU onde traballei durante os xenocidios contra os tutsis, os musulmáns bosníacos, os iazidíes e os rohingyas. En cada caso, a medida que se daban a coñecer os horrores perpetrados contra poboacións civís indefensas, fíxose dolorosamente evidente que fallaramos no noso deber de cumprir cos imperativos de previr atrocidades masivas, protexer os vulnerables e facer que os perpetradores rendan contas dos seus feitos. O mesmo aconteceu coas sucesivas vagas de asasinatos e persecución de palestinos ao longo da existencia das Nacións Unidas.

Alto Comisionado, estamos a fracasar máis unha vez. 

        Como xurista especializado en dereitos humanos con máis de trinta anos de experiencia neste eido, son moi consciente de que o concepto de xenocidio ten sido moitas veces obxecto de manipulación política. Pero a actual matanza do pobo palestino, arraigada nunha ideoloxía colonial etnonacionalista, unha continuación de décadas de persecución e limpeza sistemáticas, baseadas enteiramente na súa condición de árabes, e xunto con declaracións explícitas de intencións por parte dos líderes do goberno e o exército israelís, non deixa lugar a dúbidas nin debates. En Gaza, fogares, escolas, igrexas, mesquitas e instalacións médicas están a ser atacados sen motivo e milleiros de civís están a ser masacrados. En Cisxordania, incluída a Xerusalén ocupada, as vivendas son confiscadas e reasignadas unicamente en función da raza. Ademais, os pogromos violentos perpetrados polos colonos van acompañados de unidades militares israelís. En todo o país reina o apartheid.

        Este é un caso de xenocidio de manual. O proxecto colonial europeo e etnonacionalista de colonización en Palestina entrou na súa fase final, cara á destrución acelerada dos últimos vestixios da vida palestina autóctona en Palestina. E aínda máis, os gobernos dos Estados Unidos, o Reino Unido e gran parte de Europa son totalmente cómplices deste horrible asalto. Estes gobernos non só rexeitan cumprir coas súas obrigas de "garantir o cumprimento" das Convencións de Xenebra, senón que arman activamente a ofensiva, brindan apoio económico, intelixencia e encobren política e diplomaicamente as atrocidades de Israel.

A propaganda nos medios corporativos de Occidente de xustificación do xenocidio palestino.

        Segundo todo isto, os medios corporativos occidentais, cada vez máis a pedimento dos gobernos, están a violar completamente o artigo 20 do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos, deshumanizando incesantemente os palestinos para xustificar o xenocidio e difundindo propaganda de guerra e chamamentos ao odio nacional, con declaracións raciais ou relixiosas que constitúan incitación á discriminación, a hostilidade e a violencia. As empresas de redes sociais con sede en Estados Unidos afogan as voces dos activistas de dereitos humanos mentres amplifican a propaganda pro-Israel. Os policías da internet do lobby israelí e organizacións non gobernamentais organizadas polos gobernos acosan e difaman os defensores dos dereitos humanos, e as universidades e os empregadores occidentais colaboran con eles para castigar a quen se atreven a denunciar as atrocidades. Por mor deste xenocidio, estes actores tamén terán que render contas, como foi o caso de Radio des Milles Collines en Ruanda.

        En tales circunstancias, a nosa organización está máis chamada que nunca a actuar de xeito eficaz e seguindo principios. Pero non estivemos á altura deste desafío. O poder protector do Consello de Seguridade foi bloqueado máis unha vez pola intransixencia dos Estados Unidos, o Secretario Xeral está a ser atacado por pronunciar unha protesta sumamente morna, e os nosos mecanismos de dereitos humanos están a ser obxecto de ataques calumniosos apoiados por unha rede organizada en liña que defende a impunidade.

A ONU e os Acordos de Oslo

        Décadas de distracción polas promesas ilusorias e en gran medida decepcionantes de Oslo distraeron a Organización do seu deber esencial de protexer o dereito internacional, os dereitos humanos e a propia Carta. O mantra da "solución de dous Estados" converteuse nunha brincadeira en boca de todos nos corredores das Nacións Unidas, tanto pola súa absoluta imposibilidade na práctica como polo seu total fracaso á hora de ter en conta os dereitos humanos inalienables do pobo palestino. O chamado "Cuarteto" non é máis do que un disfrace para a inacción e a submisión a un statu quo brutal. A referencia (escrita por Estados Unidos) a "acordos entre as propias partes" (en lugar do dereito internacional) sempre foi un evidente xogo de mans, destinado a fortalecer o poder de Israel contra os dereitos dos palestinos ocupados e desposuídos.

        Señor Alto Comisionado, incorporeime a esta Organización no decenio de 1980 porque atopei unha institución baseada en principios e normas que estaban decididamente do lado dos dereitos humanos, mesmo nos casos nos que os poderosos Estados Unidos, o Reino Unido e Europa non estaban do noso lado. Mentres o meu propio goberno, as súas institucións subsidiarias e gran parte dos medios de comunicación norteamericanos seguían apoiando ou xustificando o apartheid surafricano, a opresión israelí e os escuadróns da morte centroamericanos, as Nacións Unidas defendían os pobos oprimidos deses países. Tiñamos o dereito internacional do noso lado. Tiñamos os dereitos humanos do noso lado. Tiñamos os principios do noso lado. A nosa autoridade estaba arraigada na nosa integridade. Pero ese xa non é o caso.

O condicionamento da ONU polo poder dos Estados Unidos.

        Nas últimas décadas, importantes membros das Nacións Unidas cederon perante o poder de Estados Unidos e o medo ao lobby israelí, abandonando estes principios e renunciando ao propio dereito internacional. Perdemos moito neste abandono, incluída nosa propia credibilidade mundial. Pero é o pobo palestino o que sufriu as maiores perdas por mor dos nosos fracasos. Ironicamente, a Declaración Universal de Dereitos Humanos (DUDH) foi adoptada o mesmo ano en que se perpetrou a Nakba contra o pobo palestino.

        Ao conmemorar o 75º aniversario da Declaración Universal de Dereitos Humanos, fariamos ben en abandonar o manido mito de que a DUDH naceu das atrocidades que a precederon, e admitir que naceu ao mesmo tempo que un dos xenocidios máis atroces do século XX, o da destrución de Palestina. En certo xeito, os autores da Declaración prometeron dereitos humanos a todos, agás ao pobo palestino. Tampouco esquezamos que as Nacións Unidas cometeron o pecado orixinal de facilitar que se desposuíse o pobo palestino ao ratificaren o proxecto colonial europeo que se apoderou de terras palestinas e as entregou aos colonos. Temos moito polo que desculparnos.

        Pero o camiño da expiación é claro. Temos moito que aprender da postura de principios adoptada nos últimos días en cidades de todo o mundo, onde millóns de persoas se manifestan en contra do xenocidio, mesmo a risco de seren golpeadas e detidas. Os palestinos e os seus aliados, os activistas de dereitos humanos de todas as tendencias, as organizacións cristiás e musulmás, e as voces xudías progresistas que din "non no noso nome", están a liderar o camiño. Todo o que temos que facer é seguilos.

        Onte, a unhas poucas rúas de aquí, a Grand Central Station de Nova York foi completamente invadida por miles de defensores xudeus dos dereitos humanos, que se solidarizaron co pobo palestino e esixiron o fin da tiranía israelí (moitos dos cales corren o risco de ser arrestados). Ao facelo, varreron nun instante o argumento propagandístico da hasbara israelí (e o vello clixé do antisemitismo) de que Israel representa dalgunha maneira o pobo xudeu. Este non é o caso. E, como tal, Israel é o único responsable dos seus crimes. A este respecto, paga a pena repetir, malia as calumnias do lobby israelí, que as críticas ás violacións dos dereitos humanos por parte de Israel non son antisemitas, como tampouco as críticas ás violacións sauditas son islamófobas, as críticas ás violacións de Myanmar son antibudistas nin as críticas ás violacións de Myanmar son antibudistas. Cando buscan silenciarnos calumniándonos, no canto de silenciarnos, debemos alzar a voz. Espero que estea de acordo, Sr. Alto Comisionado, en que esta é a esencia de dicir a verdade ao poder.

        Pero tamén atopo esperanza en todos os membros das Nacións Unidas que, malia as enormes presións, se negaron a comprometer os principios de dereitos humanos da Organización. Os nosos relatores especiais independentes, comisións de investigación e expertos dos órganos creados en virtude de tratados, así como a maioría do noso persoal, seguiron defendendo os dereitos humanos do pobo palestino, mesmo cando outros membros das Nacións Unidas (mesmo ao máis alto nivel) se inclinaron vergonzosamente perante os poderosos. Na súa calidade de gardián das normas de dereitos humanos, o ACNUDH ten o deber especial de velar por elas. A nosa tarefa, coido, é facer oír a nosa voz, desde o secretario xeral ata o último recruta da ONU e horizontalmente, en todo o sistema da ONU, insistindo en que os dereitos humanos do pobo palestino non se debatan, negocien ou comprometan en ningún lugar baixo a bandeira azul.

Unha posición baseada nas normas da ONU.

        Entón, como sería unha posición baseada nas normas da ONU? En que estariamos a traballar se fósemos fieis ás nosas exhortacións retóricas sobre os dereitos humanos e a igualdade para todos, a rendición de contas dos delincuentes, a reparación das vítimas, a protección dos vulnerables e o empoderamento dos titulares de dereitos, todo iso no marco do Estado de Dereito? A resposta, creo, é simple: se temos a lucidez para ver alén das cortinas de fume propagandísticas que distorcen a visión de xustiza á que fixemos un xuramento, a coraxe para abandonarmos o medo e a deferencia aos Estados poderosos e a vontade de levantarmos a bandeira dos dereitos humanos e a paz. É certo que se trata dun proxecto a longo prazo e dun camiño empinado. Pero debemos empezar agora, a menos que nos rendamos a un horror indescritible. Vexo dez puntos crave:

1. Acción lexítima: En primeiro lugar, nas Nacións Unidas debemos abandonar o paradigma errado (e en gran medida falaz) de Oslo, a súa ilusoria solución de dous Estados, o seu Cuarteto impotente e cómplice, e a subversión do dereito internacional aos ditados dos seus supostos méritos políticos. As nosas posicións deben basearse inequivocamente nos dereitos humanos e no dereito internacional.

2. Unha visión clara: Debemos deixar de finxir que se trata simplemente dun conflito territorial ou relixioso entre dúas partes enfrontadas e admitir a realidade da situación, que é que un Estado cun poder desproporcionado está a colonizar, perseguindo e desposuíndo unha poboación indíxena pola súa etnia.

3. Un Estado único baseado nos dereitos humanos: Debemos apoiar o estabelecemento dun Estado único, democrático e laico en toda a Palestina histórica, con igualdade de dereitos para cristiáns, musulmáns e xudeus, e, en consecuencia, o desmantelamento do proxecto colonialista profundamente racista e o fin do apartheid en todo o territorio.

4. Loita contra o apartheid: Debemos reorientar todos os esforzos e recursos da ONU á loita contra o apartheid, como fixemos con Sudáfrica nas décadas de 1970, 1980 e principios da de 1990.

5. Retorno e indemnización: Debemos reafirmar e insistir no dereito ao retorno e á plena indemnización para todos os palestinos e as súas familias que viven actualmente nos territorios ocupados, o Líbano, Xordania, Siria e a diáspora en todo o mundo.

6. Verdade e xustiza: Debemos esixir un proceso de xustiza transicional, que aproveite ao máximo as décadas de investigacións e informes acumulados pola ONU, co fin de documentar a verdade e garantir a rendición de contas de todos os criminais, a compensación de todas as vítimas e a reparación das inxustizas documentadas.

7. Protección: Debemos insistir no despregamento dunha forza de protección da ONU con recursos abondo e un mandato firme para protexer aos civís desde o río ata o mar.

8. Desarmamento: Debemos avogar pola retirada e destrución dos arsenais masivos de armas nucleares, químicas e biolóxicas de Israel, evitando así que o conflito conduza á destrución total da rexión e, quen sabe, máis aló.

9. Mediación: Debemos recoñecer que Estados Unidos e outras potencias occidentais non son mediadores cribles, senón partes no conflito, que son cómplices de Israel na violación dos dereitos palestinos, e debemos enfrontalos como tales.

10. Solidariedade: debemos abrir as nosas portas (e as da Secretaría Xeral) ás lexións de defensores dos dereitos humanos palestinos, israelís, xudeus, musulmáns e cristiáns que se solidarizan co pobo de Palestina e os seus dereitos, e poñer fin ao fluxo incontrolado de grupos de presión israelís ás oficinas dos líderes da ONU, onde avogan pola continuación da guerra. a persecución, o apartheid e a impunidade, á vez que denigran os nosos defensores dos dereitos humanos pola súa postura de principios sobre os dereitos palestinos.

        Tardarase anos en chegar alí, e as potencias occidentais loitarán contra nós en cada paso do camiño, polo que temos que ser firmes. Debemos traballar por un cesamento do fogo inmediato e o fin do asedio de Gaza, opoñernos á limpeza étnica de Gaza, Xerusalén, Cisxordania (e outros lugares), documentar o ataque xenocida contra Gaza, axudar a proporcionar aos palestinos axuda humanitaria masiva e reconstrución, coidar os nosos compañeiros e compañeiras traumatizados e as súas familias, e loitar con todas as nosas forzas para garantir que o enfoque das oficinas políticas das Nacións Unidas se basee en principios.

        O fracaso das Nacións Unidas en Palestina até o de agora non é razón para que nos deamos por vencidos. Pola contra, debería alentarnos a abandonar o paradigma do pasado que fracasou e a adoptar plenamente un curso de acción máis baseado en principios.

        Como ACNUDH, unámonos con valentía e orgullo ao movemento contra o apartheid que está a medrar en todo o mundo, engadindo o noso logotipo á bandeira da igualdade e os dereitos humanos do pobo palestino. O mundo está a ollar. Todos teremos que render contas da nosa posición neste momento crucial da historia. Poñámonos ao lado da xustiza. Grazas, Alto Comisionado Volker, por escoitar este último chamamento da miña oficina. Dentro duns días marcharei da Oficina por derradeira vez, despois de máis de tres décadas de servizo. Mais non dubide en poñerse en contacto comigo se podo ser útil no futuro.

Atentamente, Craigh Mokhiber(*)

(*) Sr. Craig Mokhiber foi Director da Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos (ACNUDH) de Nova York (antes da súa dimisión). Avogado e especialista en dereito, política e metodoloxía internacionais de dereitos humanos, serviu á ONU desde 1992. Como xefe do Equipo de Dereitos Humanos e Desenvolvemento no decenio de 1990, dirixiu a elaboración do labor orixinal do ACNUDH sobre enfoques da pobreza baseados nos dereitos humanos e as definicións de pobreza que se adaptaron aos dereitos humanos. Tamén se desempeñou como Asesor Superior de Dereitos Humanos das Nacións Unidas tanto en Palestina como en Afganistán, dirixiu o equipo de especialistas en dereitos humanos adscritos á Misión de Alto Nivel sobre Darfur, dirixiu a Dependencia sobre o Estado de Dereito e Democracia e desempeñouse como Xefe da Sección de Asuntos Económicos e Sociais e Xefe da Subdivisión de Desenvolvemento e Asuntos Económicos e Sociais da Sede do ACNUDH.(Tomado e actualizado por min de https://sdgs.un.org/panelists/mr-craig-mokhiber-29717 , páxina oficial da ONU)

Unha Unión Europea de dirixentes hipócritas, mentireiros e servos

            Hai uns días recibín unha comunicación de dun organismo de comunicación da Unión Europea, en concreto do centro de contacto Europa Direct. Un dos parágrafos, que reproduzo de seguido, con título de "La UE apoya a Ucrania" da unha mostra bastante aproximada da cualidade das persoas que conforman os distintos órganos políticos de goberno executivo da Unión Europea (UE) e da falta total de ética deses suxeitos, así como a súa total submisión a uns intereses externos e contraditorios cos da maioría da poboación dos países que conforman a Unión; amais da hipocrisía, a capacidade de mentir e a súa actitude de perfectos servos dos "amos" aos que realmente serven.

                O texto ao que me refiro, en español que é unha das linguas oficiais da UE, é o seguinte:

"La UE apoya a Ucrania
El ataque militar no provocado e injustificado de Rusia a Ucrania del 24 de febrero de 2022 constituye una violación del derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Socava la seguridad europea y mundial y pone de manifiesto un desprecio total hacia la vida humana. Los civiles están pagando el precio más elevado; en la actualidad, alrededor de 13 millones de ucranianos son objeto de desplazamiento interno o están buscando refugio en el extranjero. La UE ha acogido a más de 5,4 millones de personas que huían de la agresión de Rusia y les ha proporcionado alimentos, alojamiento, atención sanitaria, educación y oportunidades de empleo.

La solidaridad europea en acción está apoyando al pueblo ucraniano por medio de ayuda humanitaria directa, asistencia de emergencia en materia de protección civil y ayuda en la frontera, y les está concediendo un estatuto jurídico claro que permite a quienes huyen de la guerra recibir protección inmediata en la UE."

             Como podemos observar os feitos de partida da comunicación parten da realidade acontecida cos inxustificados ataque e invasión de Ucraína por Rusia, á marxe do dereito internacional e do respecto dos dereitos humanos, da existencia de damnificados civís e da xeración de multitude de refuxiados e vítimas entre a poboación ucraína. Mais partindo de feitos reais e contrastados pasan ás conclusións falsas e hipócritas, auto instalándose en hipotéticos salvadores da democracia e dos dereitos humanos, ocultando feitos e, incluso, a propia actuación da UE en países onde teñen acontecido procesos semellantes.

            O ataque e invasión de Rusia a Ucraína.

            Certo é que o ataque militar da Federación Rusa a Ucraína non parece nada xustificado e constitúe un feito de agresión a un país soberano á marxe do dereito internacional; e como tal debe ser condenado. E, amais, debe ser condenado non só por constituír unha transgresión da soberanía e das leis internacionais senón polos efectos que está a ter nunha poboación civil que está a ser utilizada como refén polo exército ruso, cometendo continuadas transgresións -como se ten demostrado- da convención de Xenebra en relación coa poboación non combatente.

            Pero non é só o exército de Putin quen comete barbaridades. Está contrastado por xornalistas free lance e tamén fíxose eco algún xornal norteamericano (aínda que os medios europeos maiormente non se fagan eco) que os do exército ucraíno non son precisamente uns santiños de pau, sobre todo os membros da brigada nazi que forma parte do exército regular e os mercenarios contratados por este ou pola OTAN, e que tamén cometen dabondo atropelas contra a poboación rusófila do país invadido, que son constante obxectivo -tamén- da violación dos dereitos humanos. E, en ambas as dúas partes, son as mulleres as que levan a peor parte. Disto, do relativo ás actuacións irregulares e ilegais da parte militar ucraína, a UE non di ren. 

            Tamén é unha certeza que as razóns que Rusia esgrime para xustificar a invasión de que a OTAN incumpriu os acordos aos que Federación Rusa e a organización militar chegaron no momento do desmantelamento do réxime da extinta Unión Soviética e a reinstauración dunha economía capitalista en Rusia é totalmente verdadeira. Como é certo que a información sobre estes incumprimentos é case inexistente na "democrática e libre" prensa europea e norteamericana, e que aqueles documentais ou informacións que amosan a orixe da decisión invasora de Rusia ou ben son censurados por ser considerados "pro-rusos" ou ben son directamente ocultados; un destes é un documental do prestixioso director de cine norteamericano Oliver Stone sobre Ucraína, titulado Ukraine On Fire, realizado desde unha perspectiva histórica e os recentes sucesos impulsados pola CIA nos anos 2012 e 2013 utilizando organizacións paramilitares nazis ucraínas para impoñer os intereses norteamericanos no país que pode axudar a entender as orixes do conflito e as implicacións históricas dos gobernos ucraínos cos réximes nazis.

              Aínda así, e por moito que as razóns históricas aducidas sexan certas, non se pode xustificar a invasión de Ucraína baixo ningún pretexto. E menos cando as máis afectadas son as poboacións civís. Como tampouco é xustificable a persistente intervención en terceiros países das axencias de intelixencia americanas coa finalidade de desestabilizar gobernos, moitas veces creando, armando ou utilizando grupos radicais islámicos ou grupos de ideoloxía nazi. Pero claro, os membros da CIA son uns asasinos e dos asasinos nada bo pódese esperar; e aínda son máis responsables e criminais quen os ampara e ordena.

             A hipócrita política cara ás persoas refuxiadas.

            Pero o máis sangrante é o autobombo e propaganda que a Unión Europea se fai a conta das persoas ucraínas refuxiadas. Coido que é loable, moi loable, que se dea refuxio ás persoas que por mor da guerra teñen que saír do país para poder vivir; e isto parece que se está a facer ben, que a UE ten unha política decidida e organizada de acollemento dos refuxiados ucraínos; que animan ao conxunto da poboación europea a acoller ás persoas que escapan da guerra y que se están a dotar axudas para os fogares que acollen a estas persoas. 

Pero o sangrante é que a toda esa xente aos que se lle enche a boca falando de acollemento de refuxiados por causa de guerras ilegais, esa xente a cuxo fronte está a presidenta da Comisión Europea, o presidente do Consello Europeo e o flamante Mister PESC, está a financiar ao antidemocrático réxime de Turquía (membro da OTAN) para que conteña nas fronteiras a milleiros de refuxiados procedentes da guerra de Siria e procedentes, tamén, do abandono no que (unha vez posto a salvo os seus intereses económicos e xeoestratéxicos) os "países civilizados" deixaron a milleiros de persoas de Afganistán que escapan duns gobernos talibáns e que acaban recluídos en campos de concentración (chámanlle de refuxiados) ás portas de Europa, nos que morren de fame e de frío ou son devoltos aos países de orixe nos que lles espera a morte ou algo peor ; unha UE que financia a piratas e a militares corruptos e goberno de Libia para que non deixen pasar cara a Europa ás persoas que desde África escapan da miseria cara ao noso continente en busca dunha vida mellor e que acaban afogadas no mar Mediterráneo ou sendo vítimas do tráfico de escravos en Libia despois de estar tempo pechados nos "campos de detención" financiados pola UE e administrados polo goberno fallido e corrupto de Libia. 

E esas persoas son igual de refuxiadas e cos mesmos dereitos que as procedentes de Ucraína, pero para a UE non parecen selo. E iso é un feito que coñecen perfectamente eses gobernantes europeos cuxa boca se enche de falar dos dereitos humanos, do acollemento de refuxiados e de democracia, da liberdade e da igualdade de dereitos, pero que o único que fan para solventar o problema dos refuxiados é pagar a quen os reprime, os mata, os afoga ou os escraviza. E por riba se permiten enviar correos electrónicos aos cidadáns da Europa para vanagloriarse das súas actuacións!

            Así que señora Von der Leyen, señor Charles Michel e señor Borrel non veñan vostedes a contarnos milongas. Somos moitas as persoas que non comungamos con rodas de muiño; que consideramos que os organismos da Unión Europea non están a levar unhas políticas para favorecer as liberdades democráticas e os dereitos humanos; que vostedes non fan políticas tendentes a favorecer unhas mellores condicións de vida para a cidadanía da Europa e aos que por necesidade veñan doutros lugares do mundo (agás que estes sexan millonarios).

                E que vai pasar coas actuais refuxiadas ucraínas se a guerra se prolonga?

                Parece que por desgraza a guerra de Ucraína se prolonga máis do que se esperaba. E a min xúrdeme unha dúbida: que vai pasar coas persoas ucraínas refuxiadas en distintos países da Unión Europea se a guerra segue a prolongarse e vai máis alá do que os rexedores políticos da UE pensan, que decisión van tomar estes sen vergoñas? Porque o da súa humanidade xa vemos como é. Vemos o trato que os órganos e os polítcos que dirixen a Unión Europea que dan a refuxiados doutros conflitos bélicos e humanitarios. Polo que non cremos na súa propaganda de humanitarismo e de dereitos de refuxio. Son vostedes, desde este punto de vista, impresentables.  

            Políticas da UE: para os máis ricos e poderosos.

                Somos moitos, tamén, os que consideramos que están vostedes a facer políticas destinadas a favorecer os intereses económicos dos máis ricos (e non só os europeos) e os intereses militares e estratéxicos dese país, os Estados Unidos, cuxas bases e poderío está baseado desde a súa fundación ate hoxe no xenocidio dos pobos nos que o seu territorio se asenta, no seu enriquecemento a conta da escravizar a africanos levados alí contra a súa vontade para ser tratados como animais, na agresión aos diferentes pobos do mundo, especialmente América Latina e do Caribe, e a organización de cruentos golpes de estado causantes de centos de miles de mortos.

                Por desgracia, iso é o que a "soberanía de Europa" é hoxe, e non o que nos contan pola TV e os xornais sistémicos. Pero tamén, por desgracia, tampouco son desexables nin a oligarquía rusa nin a oligarquía china disfrazada esta última de comunista. No fondo, ambos, países capitalistas coa mesma vontade imperial e os mesmos métodos que os Estados Unidos.

                Están destruíndo o mundo nas distintas frontes e nós, as persoas de a pé, estamos a consentirllo. Como non empecemos a darlles caña a todos estes elementos levámolo claro. Ah! E non estou a falar de exercer violencia, que nós non somos como eles. Tampouco estou a dicir que, dado que somos os máis febles, non teñamos dereito a utilizar todos os medios ao noso alcance para defendernos das súas agresións.

 

Priti Patel: dígalle NON aos criminais dos USA. Liberdade para Assange !

         Poderiamos falar da agresión rusa a Ucraína; e, tamén, da utilización que os Estados Unidos están a facer desa agresión para favorecer os intereses económicos que a súa oligarquía ten na Europa que se ven ameazados pola puxanza e competencia que ten a oligarquía rusa. Igualmente, poderiamos falar de toda a carne que no asador están a poñer os EE.UU., e os seus aliados e gobernos servos europeos para favorecer eses intereses, incluso a costa de supeditar o benestar da súa cidadanía para servir os intereses USA. E xa non digamos do sufrimento da poboación civil de toda a Ucraína que está a sufrir os embates e os crimes perpetuados polos militares rusos, polos militares ucraínos e polas escuadras militares nazis de cada unha das partes contendentes, financiadas pola CIA ou polos servizos secretos rusos, respectivamente.

        Pero non. Hoxe, imos falar do intento de asasinato selectivo que un país que nega a someterse á xustiza da Corte Penal Internacional, e os seus servizos de intelixencia, leva tentando de perpetrar dende hai moitos anos coa colaboración de distintos gobernos monicreques e cómplices de Europa e América. Estou a falar do intento de asasinato que os Estados Unidos de América tentan de perpetrar na persoa de Julian Assange, hoxe preso nas cárceres da Gran Bretaña e pendente de que a decisión dun ministro inglés poida ratificar que Assange poida ser asasinado nos EE.UU. polos seus dirixentes políticos e xudiciais.

        Neste contexto, Julian Assange, presidente da organización de defensa dos dereitos civís Wiki Leaks, está punto de ser extraditado pola Pérfida Albión aos EEUU por denunciar a continuada masacre dos dereitos humanos perpetrada polas forzas militares USA en países como Afganistán ou Iraq. Crimes de guerra iguais o peores que os que hoxe os países da OTAN, os propios Estados Unidos e todo o seu coro mediático mundial denuncian que se están a cometer na Ucraína. Para os USA, o de Ucraína son crimes de lesa humanidade que deben ser denunciados; a denuncia dos que eles ou os seus aliados cometeron ao longo e ancho do mundo (desde a guerra de Vietnam ata a actualidade) son traizóns. 

        Baixo esta acusación totalmente inxusta, Assange pode ser condenado a morte. Por iso, e porque denunciar os crimes de lesa humanidade é un deber social de calquera cidadán e de calquera goberno decente, debemos esixir a súa liberación. Serían os propios criminais de guerra os que ditarían sentencia sobre o futuro de quen ten denunciado abertamente e dunha forma valente as súas atrocidades. E iso, nin cidadáns amantes da democracia, da paz e dos dereitos humanos nin ningún goberno que se prece de ter as mesmas inquedanzas, podemos permitilo. Debemos esixir a súa liberación. Por desgraza o goberno do Estado Español parece non compartir esas mesmas inquedanzas.

        Non me extendo máis, simplemente vou deixarvos unha ligazón a un artigo de Isabella Arria, publicado o 23 de abril de 2022 en Liberación.org baixo o título de La extradición de Assange garatizaría la impunidad de los crímenes de lesa humanidad (pulsando sobre o título podedes acceder ao citado texto).

LIBERDADE PARA JULIAN ASSANGE !!

Por un Sáhara libre e soberano

 

        O sábado 18 de marzo, pola noite tiven un desgusto moi grande ao ler nos xornais dixitais que Pedro Sánchez aceptaba e adoitaba a posición de Marrocos sobre o Sáhara. Este desgusto de primeira hora segue vixente neste momento, pero xa convertido en indignación. Quizás sexa esta posición española a afrenta e agresión máis grave infrinxida por España ao pobo sahariano desde que o ditador español Juan Carlos Iº (substituto temporal do criminal Franco -nomeado por este- e, daquela, á fronte do réxime fascista español), no ano 1975, asinou o abandono á súa sorte de todos os nacionais españois nacidos e residentes no Sahara nas mans do sátrapa rei de Marrocos Hasan IIº, sucedido hoxe por outro sátrapa ditador fillo do anterior que é Mohamed VIº.

        Hoxe pola mañá case un mes despois da puñalada trapeira do goberno español, autodenominado “progresista” pero que en realidade non o é, a Frente Polisario decide rachar relacións co actual goberno de España. Os meus máis fortes apoios ao pobo sahariano e ao POLISARIO e a miña máis forte condena á decisión adoitada polo PSOE e o Presidente de España.

        Hai que deixar claro que esta submisión incondicional do Goberno de Pedro Sánchez á política imperialista dos Estados Unidos para África supón unha grave violación das resolucións das Nacións Unidas sobre o Sáhara baseadas no dereito de autodeterminación do seu pobo, que inclúe o dereito a constituírse nun país independente e soberano. Pero a gravidade desta submisión é aínda maior se consideramos que a legalidade internacional segue a considerar a España como potencia soberana e colonizadora do Sáhara Occidental que debe proceder á descolonización dese territorio conforme ás resolucións da ONU.

        Unha vez máis, un goberno dirixido polo PSOE baixa os pantalóns, nunha mostra da indesexable e pérfida política de submisión aos intereses da oligarquía europea e dos intereses dos gobernos criminais dos Estados Unidos no Norte de África, representantes estes das grandes multinacionais que rouban as materias primas nese continente.

        Pero esta de submisión dos gobernos do PSOE cara aos EE.UU. xa non é nova. Empezaron practicándoa os gobernos de Felipe González a respecto da OTAN; despois con Javier Solana como secretario xeral da OTAN e posteriormente, exercendo de comisario político militar dos USA para Europa, como Alto Representante do Consello para a Política Exterior e de Seguridade Común da Unión Europea (tamén chamado Mr. PESC) e como comandante en xefe do Estado Maior da Unión Europea (EUFOR), posto que hoxe desempeña Joseph Borrell practicando unha política similar, como se está a ver no tema da agresión rusa a Ucraína.

        Mais non podemos esquecer que foi Solana quen pilotou, desde o goberno de Felipe González, a entrada do Estado Español na OTAN; primeiro co slogan “OTAN de entrada, non” e posteriormente cunha aposta decidida cara á entrada na OTAN que se dirimiu nun referendo que din estivo inzado, durante a campaña, de irregularidades e desequilibrios en favor dos partidarios da entrada nese indesexable niño de fascistas armados e adestrados polos USA para defender as súas “conquistas”.

        Polo cal, podemos afirmar que a submisión e a baixada de pantalóns do PSOE diante da política exterior dos USA é algo que xa ven de vello.

        Tampouco podemos esquecer que durante o goberno de Rodríguez Zapatero o goberno español e a súa intelixencia permitiron que aterraran nos aeroportos españois avións cargados de prisioneiros da CIA, avións nos que era público que se torturaba, se trasladaban prisioneiros ou persoas secuestradas a centros de tortura e se cometían todo tipo de violacións dos dereitos humanos por parte da administración dos Estados Unidos (non esquezamos que a CIA forma parte de esa administración). Feitos denunciados por Amnistía Internacional e outras organizacións defensoras dos dereitos humanos.

        En relación co Sáhara, non esquezamos tampouco que esa política submisa tamén foi bandeira do Goberno de Rodríguez Zapatero que, como el mesmo recoñece, “o da autonomía foi proposta ao meu goberno en 2007, eu apoieina no 2008 publicamente”.

        O antes apuntado, indícanos que a submisión do PSOE aos intereses USA é permanente e continua; non é de agora e tampouco diferente á practicada polos diferentes gobernos do Partido Popular ou da extinta UCD. Políticas claramente situadas no que se adopta chamar a dereita política, da que (por moito que o disimule non cola) o PSOE forma parte.

        E tampouco podemos prescindir de que a recente decisión adoitada polo goberno de Pedro Sánchez sobre o Sáhara conta coa oposición da maioría da representación da cidadanía española no Congreso dos Deputados segundo votacións efectuadas na pasada semana.

        En fin, unha condena total á política pesoera cara ao Sáhara e un apoio decidido ao pobo sahariano. De todas formas, isto non fai máis que confirmar o que xa teño expresado máis dunha vez desde estas páxinas (1) e no que , unha vez máis, me reafirmo: PEDRO SÁNCHEZ E O PSOE NON SON DE FIAR!

Notas:

1. https://filiasefobias.blogspot.com/2019/06/de-entrada-non-ou-o-que-e-o-mesmo-o.html e https://filiasefobias.blogspot.com/2019/07/de-entrada-non-ou-o-que-e-o-mesmo-o.html

Pre-Crónica dunha inxustiza

Moito me temo que, unha vez máis, os altos tribunais de xustiza españois van ditar unha sentencia inxusta. Nesta ocasión parece que será o Tribunal Supremo. E refírome á sentencia que van sufrir os presos políticos cataláns encarcerados por defender pacificamente o que eles consideraban a vontade maioritaria da cidadanía catalá.

Pódese ou non estar de acordo coa xeira de accións de carácter institucional e pacífico que levaron aos políticos cataláns, xuíces de extremos mediante, á cadea como medida cautelar de extrema dureza e totalmente inxusta atendendo tanto aos feitos polos que posteriormente foron xulgados como pola actitude dos encarcerados e encarceradas. Así non é estraño que, posteriormente, outras persoas inmersas na política catalá saíran do Estado cando foron citadas a declarar en relación a feitos parecidos. Eu, no seu caso, faría o mesmo. E, que conste, que non estou manifestando o meu apoio a un presunto desacato xudicial; simplemente expreso o que eu faría no seu caso.

Por qué “inxusta” se aínda non se fixo pública a sentencia? Pois porque, polo que se le na prensa e se escoita en radio e televisión, todo indica que van ser inxustamente condenados por rebelión (senón todos eles, si unha parte importante) e vanlle caer penas impostas por xuíces que posiblemente non fixeron tanto espavento cando os indesexables Tejero, Miláns del Bosch e un fato de militares e gardas civís golpistas atentaron contra a democracia no 23 de febreiro de 1982; e, posiblemente, as penas ás que van ser condenados van ser proporcionalmente moito máis elevadas que as dos que armados atentaron contra o país o citado 23-F, onde houbo asaltantes armados do Congreso dos Deputados que foron absoltos o, simplemente, non foron xulgados. Varas de medir que teñen os xuíces españois que a min persoalmente me semellan (aínda que recoñezo poder estar equivocado, pero son libre de expresar o que penso aínda que alguén síntase molesto ou molesta) que se encollen ou se alongan en función de quen sexa o personaxe xulgado. Aí temos o recente caso do neto de Franco que tentou atropelar a gardas civís e foi absolto; unha sentencia incomprensible se temos en conta os feitos probados e as declaracións das testemuñas e dos gardas implicados.

Pero, volvendo aos presos políticos cataláns, todo o despregue do aparato represivo do Estado que están a desenvolver en Cataluña indica que a sentencia xa se sabe e que vai ser máis do gusto dos Tejero, Milans del Bosch e xentes dese estilo fascista que dos que nos xogamos a vida pelexando contra Franco e a súa policía política (toda a policía) e todo o negativo e indesexable que representaban. Espero equivocarme, pero eu (como todos os meus amigos saben) non confío para nada nas persoas que compoñen a actual xudicatura española.

En fin, aos condenados (se se confirma o presaxio) sempre lles quedará o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos, que seguro tumbará a posible sentencia que sala do Tribunal Supremo español; senón na súa integridade, si na súa maior parte e nos seus fundamentos. Non sería a primeira que un tribunal europeo emendara a plana a un alto tribunal español.

En fin, a ver se os xubilan dunha vez. Vai sendo hora.